Sánchez confirma a García Ortiz como fiscal general pese a las polémicas

El Gobierno, este miércoles -y solo una horas después del varapalo del Supremo anulando la maniobra del propio García Ortiz por haber aupado a Delgado a fiscal de Sala sin ningún tipo de amparo legal- anunció, no obstante, su renovación al frente de la acusación pública, que se hará efectiva el próximo Consejo de Ministros del 28 de noviembre.

Desde su llegada al Palacio de Fortuny, sede de la FGE, la actuación de García Ortiz se ha visto envuelta en controversia y por la sombra del enchufismo. Una polémica que, si cabe, ha ido creciendo a raíz de la postura del Ministerio Público en el procés, con resoluciones en las últimas semanas favorables a los intereses de los independentistas y una postura muy tibia a la hora de defender a los fiscales de las acusaciones de lawfare por parte de los partidos secesionistas catalanes.

Delgado como fiscal general -cargo que ocupó entre febrero de 2020 y julio de 2022-, aupó al poco de llegar a García Ortiz como jefe de la Secretaría Técnica del Ministerio después de que éste pasara dos décadas en Galicia destinado en la Fiscalía de Medio Ambiente. Ambos ya eran muy amigos y había ocupado diversos cargos en la Unión Progresista de Fiscales.

Cuando en verano de 2022 Delgado, por motivos de salud, dejó la Fiscalía General del Estado propuso para el puesto a García Ortiz, quien en septiembre, a su vez, ascendió a la exministra en el escalafón al nombrarle fiscal de sala de lo Militar en el Supremo, designación que fue inmediatamente recurrida ante el Supremo. Y el alto tribunal, este mismo martes -solo horas antes del anuncio de Moncloa de que García Ortiz seguirá- lo anuló zanjando que su designación no atendió a razones de mérito, sino que fue una «desviación de poder» por parte del que seguirá siendo fiscal general del Estado por cuatro años más.

Pero más allá de la sombra de amiguismo en su relación con Delgado con favores de ida y vuelta entre ambos, la actuación de García Ortiz está siendo especialmente controvertida en el tema del procés. Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que llevaron el peso de la acusación en el juicio del Supremo le enviaron la pasada semana un escrito donde le pedían «amparo institucional» frente a las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por PSOE y Junts para detectar supuestos casos de «lawfare» (episodios de «guerra judicial» en Cataluña contra el independentismo), y depurar responsabilidades.

Una misiva a la que el jefe del Ministerio Público contestó asegurando que «velará siempre» por su autonomía de actuación, pero que en el momento actual es mejor aplicar la contención y «evitar cualquier injerencia» con el resto de poderes del Estado, en referencia al Legislativo (Parlamento) y al Ejecutivo (Gobierno).

Esa tibia reacción hizo que el martes de esta semana, en una rebelión inédita hasta 18 fiscales de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo critican con dureza y de forma pública a su superior jerárquico en una carta abierta en la que le acusaron de no defender a los miembros de la carrera ante las «injuriosas insinuaciones» lanzadas contra la actuación de los profesionales del Ministerio Público que han intervenido en la causa penal contra los líderes independentistas catalanes por el 'procés'.

Las críticas a García Ortiz también le están llegando por el supuesto cambio posición de la Fiscalía a raíz de la necesidad de los votos independentistas para la investidura en los casos judiciales relacionados con la intentona secesionista catalana y sus secuelas. En particular, por su negativa a seguir acusando de terrorismo a Tsunami Democràtic, la causa en la que están encartados Carles Piugdemont y Marta Rovira, entre otros, y su empeño en que este caso salga de la Audiencia Nacional y acabe en la justicia ordinaria bajo la acusación simples desórdenes públicos.