El revuelo por el viaje del rey emérito fractura a Gobierno y partidos

Su primera estancia en suelo español tras casi dos años de exilio voluntario en Abu Dabi, a donde regresará mañana tras reunirse con Felipe VI en Zarzuela, ha certificado que la situación aún no está madura. Si bien fue recibido entre vítores y aplausos por centenares de curiosos en la localidad pontevedresa, lo cierto es que su visita ha causado una profunda incomodidad institucional hasta el punto de que la Casa Real ha rebajado el esperado encuentro con su hijo a un acto privado. Juan Carlos I, en cambio, ha hecho caso omiso al revuelo y se ha afanado por exhibir una normalidad propia de los tiempos en los que la justicia aún no había puesto la lupa sobre su patrimonio.

Imágenes que, a ojos de destacados representantes políticos, se han convertido casi en un alarde de «impunidad» de todo un exjefe del Estado. «Toda España sabe que esa persona es un ladrón, es un delincuente acreditado», afirmó este sábado Alberto Garzón. El ministro de Consumo, siempre crítico con la Monarquía, observa en la visita «una expresión clara de la impunidad» con la que habría venido actuando, aunque también reconoció que el emérito puede hacer lo que desee en su vida privada: «Yo, honestamente, no voy a valorar si quiere hacer regatas, ver a su hijo, pasear con gatitos... Me da igual, es el ámbito privado y hay que respetarlo».

El ala socialista del Gobierno trata de quitar hierro al viaje y niega, al menos en público, cualquier irritación con la agenda del emérito. «Lo que sí incomoda», contrapuso Miquel Iceta, «es que no se den las explicaciones que la ciudadanía merece». Al igual que vienen haciendo otros ministros del PSOE y también la vicepresidenta Yolanda Díaz, el titular de Cultura y Deporte quiso poner el foco en la responsabilidad pública de Juan Carlos I, que en su opinión «ha defraudado la confianza de mucha gente» por más que la Justicia, «un poder independiente que todos tenemos que respetar», haya archivado las causas por su inviolabilidad y la prescripción de los posibles delitos.

En Moncloa existe el temor de que el revuelo desbarate la campaña de modernización de la Monarquía y que arrastre a su hijo, cuya figura se quiere blindar con muestras de transparencia como la publicación de su patrimonio personal y el decreto sobre el funcionamiento de la Casa Real aprobado hace un mes. Pero el socio minoritario de la coalición, Podemos, no lo pone fácil. La secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, vinculó este sábado el comportamiento de Juan Carlos I a su hijo: «En nuestro país hay dos reyes y ninguno de los dos rinde cuentas hacia la ciudadanía. No es el rey, es la estructura monárquica».

El PSOE, por el contrario, difiere de su aliado en el Ejecutivo y trata de levantar un dique de contención respecto a Felipe VI para que su imagen no se vea deteriorada. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, reiteró este sábado el «apoyo» socialista a la institución monárquica y dijo que en Ferraz se sienten «muy orgullosos del actual jefe del Estado, de su transparencia, ejemplaridad y rendición de cuentas». En todo caso, la número dos de Pedro Sánchez en el partido asumió que el rey emérito sigue debiendo una explicación a los españoles «sobre todo lo que ha sucedido».

Unos deberes que no comparten en la derecha. PP, Vox y Ciudadanos, este último con matices al advertir una conducta «deplorable», no creen que el exmonarca tenga que aclarar nada. «Es un ciudadano español sin ninguna causa pendiente, hay que ver con normalidad que pueda estar en España», afirmó el popular José Antonio Bermúdez de Castro. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, incluso le deseó «lo mejor» en su regreso. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo permanece en un segundo plano sobre la visita a su tierra natal, aunque ya se mostró «absolutamente partidario» de que se produjera y denunció un intento de «erosión» a la Corona por parte del Gobierno.