La renta mínima vital vuelve a dividir las aguas en el Consejo de Ministros

Esta medida se ha abordado ya varias veces en el Consejo de Ministros y ha reproducido la división de posturas entre el sector ortodoxo partidario de frenar en la medida de lo posible la expansión del gasto público, capitaneado por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y el defensor de fortalecer el «escudo social» aún a costa de disparar el déficit y hacer trizas las cuentas, posición en la que está anclado Iglesias.

La renta mínima vital formaba parte del programa de coalición que firmaron en enero PSOE y Unidas Podemos, pero su puesta en marcha se ha precipitado por las tremendas consecuencias socioeconómicas del desastre sanitario, cuya profundidad se da por descontado que superarán a las de la crisis económica de hace una década. Hasta alguien tan defensor del rigor presupuestario como el exministro de Economía y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, defiende la implantación de una «renta mínima de emergencia».

La vicepresidenta y también titular de Economía ha solicitado tiempo para estudiar con Hacienda el impacto de una medida de estas características, pero a cuya implantación no se opone. Lo que no quiere es «barra libre», avisan en su Ministerio.

Pero el vicepresidente segundo, con el apoyo de ministros como el de Seguridad Social y la de Trabajo, apremian para que entre en vigor cuanto antes. La discusión de los detalles técnicos es exhaustiva. A cuánto ascendería la renta mínima, el ámbito de los beneficiarios y el tiempo de vigencia, por ejemplo, han consumido horas de debate y el intercambio de informes entre las carteras afectadas es intenso. Todavía, sin embargo, no hay una decisión cerrada.

Iglesias señaló el martes que se aprobará «cuanto antes», y fuentes gubernamentales apuntan a la próxima semana, aunque en Economía y en Hacienda no se atreven a hablar de fechas.

El segmento que se beneficiaría, apuntan desde la Vicepresdiencia de Asuntos Sociales, seria el de los que «no tienen rentas» o son muy bajas y no se han podido acoger a ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno en lo referido a las moratorias del pago de alquileres o las regulaciones de empleo.

De la suma mensual nadie da cifras, aunque en algún momento en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se mencionó que sería del orden de los 400 euros mensuales. El coste para las arcas públicas oscilaría entre los 3.000 y 5.000 millones de euros en función del periodo de vigencia de la renta.

Aunque el debate ministerial existe, habrá acuerdo, pronostican fuentes conocedoras de la negociación, que recuerdan que así ocurrió con los alquileres, las regulaciones de empleo, las medidas para los autónomos y el alcance de «la hibernación» de la actividad económica.