La renovación del Poder Judicial distancia más a Sánchez y Casado en el 43 aniversario de la Constitución

Pedro Sánchez y Pablo Casado estuvieron a pocos metros unos del otro pero no hablaron. No lo hacen desde la crisis migratoria de Ceuta en mayo pasado. Tienen innumerables focos de enfrentamiento y ningún interés en arreglarlos. Ambos consideran que negar el pan y la sal al otro es rentable para sus intereses, y el aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución dio pie a que ahondaran sus diferencias. El presidente del Gobierno, en una breve declaración previa al homenaje, reclamó a Casado que cumpla «todos los artículos, de pe a pa», de la Carta Magna. Sánchez se refería en concreto al 122.3 que obliga al Congreso y al Senado a renovar cada cinco años el Consejo General del Poder Judicial, un plazo que en este caso se ha sobrepasado en tres años por la negativa del PP a pactar los nombres de los nuevos vocales. Casado condiciona el pacto a que antes se reforme la ley que regula su elección para que doce de los veinte miembros del Consejo sean elegidos por los jueces sin la intermediación de las fuerzas políticas.

«Dos no bailan si uno no quiere», se quejó el presidente del Gobierno en una conversación informal con periodistas en la que mostró su preocupación por «la normalización» de los incumplimientos de la Constitución.

También la presidenta del Congreso elevó la presión sobre el líder opositor al reclamar «lealtad constitucional» en su discurso, el único en el acto conmemorativo. Meritxell Batet señaló que «los desacuerdos» entre fuerzas políticas son legítimos, pero mientras las «obligaciones» de la Carta Magna estén en vigor «no es cuestionable su cumplimiento». Y remató: «Quien discute el cumplimiento de la Constitución pretende situarse por encima de ella».

Las palabras de Sánchez y Batet chirriaron con las rotundas críticas a la Constitución de socios y aliados del Gobierno. «Es un traje viejo» para una España «plurinacional», diagnosticó el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. Un rechazo que se sumó al expresado la víspera por Esquerra Republicana y EH Bildu, que junto a otras fuerzas menores del soberanismo catalán, valenciano y gallego, suscribieron un comunicado contra la Constitución porque «impide dar cauce al desarrollo de la voluntad democrática de nuestros pueblos».

Casado no se dio por aludido por los emplazamientos de Sánchez y Batet y reprochó al presidente del Gobierno que se erija en abanderado del cumplimiento constitucional mientras sus aliados parlamentarios la desprecian. El líder del PP apuntó que el maniatado es el presidente del Gobierno, que para contentar a sus aliados se ha embarcado en un «revisionismo suicida» de la Constitución y las leyes de la Transición. «Me conformaría –apuntó Casado– con que el Gobierno cumpla» con lo que dice la Carta Magna.

En este clima de división total, que ya empieza a ser una tradición cada 6 de diciembre, las demandas de reforma constitucional que avalan expertos y juristas no encontraron eco. Sánchez ni la mencionó. Fuentes socialistas señalaron que si no hay acuerdo siquiera para renovar el Poder Judicial cómo va a haberlo para adentrarse en el texto constitucional. Casado puso el listón a una altura imposible. Se necesita, dijo el líder del PP, un consenso político «al menos similar» al de 1978 y en este momento, admitió, «no hay mimbres» para construirlo.

Las ausencias en el acto conmemorativo de la aprobación de la Constitución, celebrado en las escalinatas del Congreso y con una lista reducida de invitados por la pandemia, dieron fe de que emprender una tarea política colectiva de ese calado es una quimera. A los plantones habituales de todas las fuerzas nacionalistas, hay que sumar hasta el de los principales dirigentes de Vox. La celebración es un «ejercicio de absoluto cinismo», dijo la secretaria general del grupo parlamentario ultraderechista, Macarena Olona. Santiago Abascal no acudió para no alimentar «el consenso progre» de PSOE y PP. Tampoco los presidentes autonómicos se presentaron en masa, y a las faltas tradicionales del lehendakari y del presidente de la Generalitat catalana, se añadieron las de los gobernantes de siete comunidades más.