La reforma de la 'ley mordaza' apenas avanza un año después del empujón de PSOE y Podemos

Entonces, las dos formaciones del Gobierno anunciaron a bombo y platillo las líneas maestras de la reforma con la que Pedro Sánchez, con mucho retraso, iba a cumplir la solemne promesa que hizo en verano de 2018, cuando llegó al poder: desmontar cuanto antes la denostada 'Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana' aprobada por la mayoría absoluta del PP En 2015.

Casi de inmediato después de aquel anuncio, decenas de miles de policías y guardias civiles salieron a la calle para denunciar que el texto de los socios de Gobierno les dejaba desprotegidos al establecer que no serían sancionables las manifestaciones no comunicadas.

Pero pasada aquella polvareda, más de un año después apenas hay nada nuevo y la reforma de la 'ley mordaza' sigue bastante embarrancada, hasta el punto de que, incluso, hay quien teme que el nuevo texto no salga tampoco en esta legislatura.

Y ello, a pesar de los intentos de los seis grupos favorables a la reforma. PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts en marzo decidieron reunirse al margen de la ponencia para intentar adelantar acuerdos. Nueve meses después, las seis formaciones se han visto las caras en reuniones informales en una treintena de ocasiones, pero los desacuerdos persisten. La última intentona para intentar acercar posturas en las próximas semanas pasa por acabar con estas interminables y estériles reuniones y trabajar sobre textos cerrados que presentarán PNV y Unidas Podemos.

Con esa fórmula las seis formaciones tratan de salir de la vía muerta a la que les ha llevado la falta de acuerdo sobre un puñado de artículos claves. El primero, y más polémico, es el uso de las pelotas de goma (artículo 23). El PSOE se niega en banda a prohibir por ley su utilización, tal y como exigen de manera vehemente ERC, Junts y EH Bildu. PNV aboga por restringir su uso a casos muy excepcionales y siembre con la autorización de las más altas esferas policiales o gubernativas. Unidas Podemos, viendo que este asunto de las bolas de caucho puede llegar a hacer naufragar las negociaciones, ha propuesto una solución de compromiso: dejar las cosas como están pero crear antes de seis meses una comisión presidida por el Defensor del Pueblo para abordar la «transición y sustitución» de las pelotas por medios menos lesivos.

Encallado también está el tema de definir qué se entiende por «desobediencia o resistencia a la autoridad» (artículo 36.6), un precepto que fue usado de manera masiva para sancionar durante la pandemia con multas de entre 100 y 600 euros. Unidas Podemos quiere circunscribir ese ilícito a los «insultos o injurias» directas a los agentes, mientras que el PNV, por su parte, apoya que se limite el castigo a las «conductas o expresiones» que desacrediten a los funcionarios. El PSOE rechaza la limitación a los insultos y cree demasiado vaga la redacción de los nacionalistas.

En principio, antes de la llegada al poder Sánchez, las expulsiones en caliente (que fueron coladas con calzador por el PP en la ley de seguridad ciudadana) iban a salir de inmediato de esa normativa e iban a ser prohibidas. Había acuerdo entre todas las formaciones de la moción de censura y la investidura. Pero todo ha cambiado. El PSOE, después de que el Gobierno esté haciendo un uso masivo de esta figura (como el pasado 24 de junio tras la tragedia de Melilla), ahora simplemente aboga por aumentar las garantías de esas deportaciones exprés. Los socialistas, conscientes de que en 2020 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Constitucional avalaron estas expulsiones, no quieren prescindir de una herramienta que ahora creen «indispensable», pero que la mayoría de sus socios quiere abolir sin contemplaciones.

Hay otras cuestiones que plantean fricciones entre los seis grupos favorables a la reforma, pero en las que no hay tanta distancia. Hay debate en el artículo 30.3 que responsabiliza de manera subsidiaria a los convocantes de las manifestaciones de los incidentes que se produzcan en el transcurso de las protestas. Todos esos grupos creen que no se puede hacer responsable a una persona de lo que haga un tercero, pero hay formaciones que consideran que hay buscar una fórmula jurídica intermedia.

En el tema de los controles en los espacios públicos (artículo 17.2) igualmente hay discusiones sobre la posibilidad de que estos deban ser comunicados y autorizados por la Fiscalía o el Defensor.