La reforma laboral, el enésimo choque en la coalición

Ocurrió a las primeras de cambio, nada más confirmarse la investidura. Es al presidente del Gobierno a quien corresponde nombrar a sus ministros. No obstante, Unidas Podemos se apresuró en filtrar la identidad y cargo de sus cuatro miembros en el Ejecutivo. El PSOE, muy especialmente Sánchez, se mordió la lengua ante la afrenta, pero el presidente respondió con el ascenso sorpresa de Teresa Ribera a una vicepresidencia que, además, diluyó la figura y poder de Pablo Iglesias dentro del Ejecutivo.

El 3 de marzo la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia en manos del socialista Juan Carlos Campo, anunció su intención de recurrir la condena de los tribunales al Estado y que obliga a indemnizar a la familia del cámara de televisión José Couso, fallecido en 2003 en Irak por fuego de un tanque estadounidense. Para Izquierda Unida y Podemos, que siempre han defendido que se trató de un crimen de guerra, fue una afrenta.

Fue el mayor choque de trenes dentro de la coalición hasta el último a cuenta de la derogación íntegra de la reforma laboral del PP, pactada con Bildu. Podemos, muy especialmente la ministra Irene Montero, estaba decidido a aprobar la ley en coincidencia con la celebración del 8-M. Y ante las reticencias por las prisas de la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro Juan Carlos Campo, que alegaron una deficiente fundamentación jurídica de la norma, Iglesias afirmó que «en las excusas técnicas hay mucho machista frustrado». «En el Gobierno no hay ministros machistas», replicó el PSOE.

Podemos apoyó a primeros de marzo la creación de una comisión en el Congreso para investigar los negocios de Juan Carlos I, tras destaparse una supuesta donación del Rey emérito de hasta 100 millones de dólares en favor de su amiga Corinna Larsen. El PSOE la frenó junto a los votos de PP y Vox en la Mesa de la Cámara baja.

El Ministerio de Trabajo que dirige la ministra de Izquierda Unida Yolanda Díaz publicó por cuenta propia una guía para rebajar riesgos en el ámbito laboral ante la pandemia del coronavirus. La reacción de Moncloa fue inmediata. Se emitió una nota en la que se zanjó que «las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a tomar en España las está ofreciendo el Ministerio de Sanidad». Más aún: «En España todo el Gobierno sigue las indicaciones concretas del Ministerio de Sanidad». Unidas Podemos evitó ahondar en la polémica.

Fueron más de siete horas de Consejo de Ministros. Pero a diferencia de otros conflictos, en esta ocasión hubo ministros del PSOE que se alinearon con el bando de Unidas Podemos. Las diferencias se dieron en el grado de protección económica que se debería otorgar a los colectivos más vulnerables. Según se justificó desde el Ejecutivo, el Consejo de Ministros es un foro colegiado en el que cada miembro ofrece su opinión.

Es una de las propuestas estrella del Gobierno de coalición. PSOE y Unidas Podemos creen firmemente en esta medida, pero han chocado sobre el proceso, más bien la rapidez, para ponerla en práctica. El 16 de abril, Iglesias llegó a anunciar una rueda de prensa inminente junto a José Luis Escrivá, ministro de Inclusiones, Migraciones y Seguridad Social, para comunicar que de la renta mínima entraría en vigor en mayo. Y Escrivá respondió que no tenía esa comparecencia en su agenda. Está previsto que la renta mínima, tal y como han señalado todos los implicados, se apruebe en el último Consejo de Ministros de mayo.

El Gobierno de coalición no dudó en ampliar sus apoyos a lo ancho de todo el arco parlamentario. Y si acordó con Ciudadanos la prórroga del estado de alarma, también se ganó el respaldo de EH Bildu. Esto último, a cambio del compromiso, firmado, de derogación «de manera íntegra» de la reforma laboral de 2012 impulsada por el Partido Popular. Poco después el PSOE rectificó, pero no así Pablo Iglesias: «Pacta sunt servanda». («Lo pactado obliga»).