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Carles Puigdemont. Afp

Puigdemont, entre el 'seny' y la 'rauxa'

El presidente sostiene que aplicará la ley que prevé la declaración de independencia

cristian reino

Barcelona

Lunes, 9 de octubre 2017, 10:35

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La decisión tiene el máximo de trascendencia y marcará el futuro de toda una generación de catalanes. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pronunciará mañana el discurso más importante en años en la política española. En sus manos está optar por rebajar algo la tensión o seguir acelerando hacia la ruptura y provocar una colisión de efectos imprevisibles. El dilema que tiene es doble: hacer caso a lo que le dice la cabeza, la razón, o guiarse por el corazón, las emociones o el sentimiento. Más o menos lo que en catalán se reduce a la batalla entre el ‘seny’ (sensatez) y la ‘rauxa’ (arrebato).

Los sectores más irreductibles del independentismo piden al presidente de la Generalitat que vaya a por todas. Ahora o nunca, piensan. En esta línea están la ANC, Ómnium, la CUP y una parte importante de Esquerra. Las dos entidades de la sociedad civil, que ocupan ya un sillón en el estado mayor del proceso, han vuelto este fin de semana a reclamar que la Cámara catalana declare la independencia mañana. «Los resultados del 1-O y la represión del Estado legitiman que se declare la independencia», afirmó Jordi Cuixart. «La situación volverá a acelerarse los próximos días», expresó a su vez Jordi Sánchez.

El formato no está claro y Junts pel Sí y la CUP lo debatirán hasta el último minuto. En todas sus apariciones públicas desde el 1-O, Puigdemont ha insistido en la idea de buscar una mediación para desencallar el pleito catalán. «La declaración de independencia está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Aplicaremos lo que dice la ley», avisó en un reportaje que emitió anoche TV-3. La idea que tiene interiorizada el secesionismo es que, sin la mediación internacional, la declaración de independencia tendrá poco recorrido, pero al mismo tiempo es consciente de que sin proclamación de independencia no habrá mediación internacional. «Son millones de personas las que han votado (2,2, según sus cálculos) que quieren decidir. De eso hemos de hablar», según Puigdemont.

«Los catalanes han salido a la calle y han plantado cara a la violencia» para defender el derecho de autodeterminación, no un nuevo modelo de financiación, avisó el presidente de la Generalitat a Mariano Rajoy. Si la elección es la DUI, el pleno podría votar una resolución para que haya proclamación solemne. En ese caso, Marta Rovira, como portavoz de Junts pel Sí, pedirá la palabra en medio del pleno, y de acuerdo a la facultad que tienen dos grupos parlamentarios de introducir cambios en el orden del día, propondrá el debate y votación del texto que están negociando los soberanistas. Una opción es la proclamación a las bravas y sin matices, la otra abre un periodo de ruptura escalonado, una declaración más bien de intenciones y de inicio de un proceso de reconocimiento internacional.

Paso atrás

La decisión de saltar al precipicio sería ya un hecho, si en la semana de vértigo tras el 1-O lo único que hubiera ocurrido fuera la votación. Pero los acontecimientos han discurrido a tanta velocidad que muchos en el secesionismo, sobre todo en el PDeCAT, le han visto las orejas al lobo. No solo las empresas con más solera de Cataluña (Banco Sabadell, CaixaBank, Agbar, Gas Natural, entre otras) han trasladado sus sedes sociales fuera de Cataluña y dejado la plaza financiera de la Diagonal de Barcelona casi como un solar, sino que destacados dirigentes del soberanismo han pedido al presidente de la Generalitat que pare máquinas.

Uno ya no está en el ejecutivo, Andreu Mas Colell, exconsejero de Economía, pero Santi Vila se sienta todos los martes en el consejo ejecutivo del Palau de la Generalitat y ha propuesto un alto el fuego y que se retase la declaración unilateral. El mundo de la empresa hizo el sábado un último intento, en una reunión en Gerona entre el presidente de la Generalitat y el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, quien pidió al dirigente nacionalista que renuncie a la declaración unilateral, porque «sería una bomba para la economía catalana».

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