Puigdemont se aferra ahora a la supresión del delito de sedición para evitar la cárcel

En una nueva pirueta procesal, el expresidente catalán planea argumentar ante la justicia europea que la rebaja del delito de sedición anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, e incluso la posible de la malversación, no solo frenaría su extradición a España, sino que incluso le permitiría regresar a Cataluña tras cinco años de estancia en Waterloo como prófugo de la justicia. La paradoja es mayúscula, ya que mientras que el dirigente independentista se abraza a las reformas propuestas por el Gobierno, su formación, Junts per Catalunya, en la que ejerce como líder en la distancia, asegura que la revisión de la ley pactada por el Ejecutivo central y Esquerra busca una extradición encubierta de Puigdemont.

El expresident se escudará en las reformas del Código Penal en su comparecencia prevista para la próxima semana ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), el órgano que debe decidir sobre si el expresidente catalán goza de inmunidad por su condición de europarlamentario o, por el contrario, la justicia española puede volver a solicitar su extradición ante los tribunales belgas, que en todas y cada una de las anteriores solicitudes han rechazado la entrega.

Fuentes de la defensa de Puigdemont citadas por Europa Press avanzan que alegarán que en España ya se ha activado esta proposición de ley de los grupos parlamentarios que forman el Gobierno para derogar la sedición. En la misma línea, apuntan que se mencionará igualmente que el Ejecutivo se ha mostrado abierto a reformar también el delito de malversación, aunque para ello no haya todavía una propuesta concreta.

Las citadas fuentes asumen que se trata de una maniobra arriesgada porque en la vista oral no se pueden introducir hechos nuevos que no constaran en la acción de nulidad contra el suplicatorio requerido para la entrega del expresident. Sin embargo, también recalcan que en este caso concreto se daría una situación excepcional por cuanto se trata directamente de un «derecho nuevo» en ciernes que puede afectar al conjunto del caso.

Tanto la reforma del Código Penal como la decisión que pueda adoptar la justicia europea afectarán también a los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig, todos ellos prófugos de la justicia española y sobre los que pende el firme propósito del Supremo de reclamar de nuevo su extradición.