El ministro Puente justifica la amnistía para ahorrar trabajo a la justicia

Hasta la fecha, el Gobierno justificaba la amnistía como una herramienta para mejorar la convivencia en Cataluña y para pasar página al 'procés'. Según el ministro, «no tiene sentido» juzgar a quien terminará recibiendo un indulto. Por esta regla de tres, la amnistía debía de haberse aprobado en 2019 evitando de esta forma el juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés' que acabó con condenas de nueve a trece años de cárcel. Penas que finalmente quedaron reducidas a la mínima expresión con los indultos.

Puente participó en la inauguración del nuevo tramo de la B-40 entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls, en Barcelona. «Ahorrémosle el trabajo a la justicia, que sobrada de recursos tampoco está», dijo. «Queremos sacar la situación de los tribunales, que no haya consecuencias penales para las personas que participaron en estos hechos», remató, en alusión al 'procés' y acogiéndose a las consideraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la posibilidad de exonerar a Carles Puigdemont si éste cumple con la justicia.

Puente, además, no descartó que el Gobierno indulte a los dirigentes que pudieran quedar fuera de la amnistía, si se acaba aprobando. El consejero catalán de Derechos Sociales, Carles Campuzano, afirmó el jueves que el Ejecutivo central está «abierto» a perdonar a todos aquellos dirigentes independentistas que se queden fuera de ley de amnistía. El ministro de Transporte señaló ayer al respecto que las palabras de Campuzano no son «ningún disparate», aunque su posición, por ahora, no ha sido respaldada ni por Sánchez ni por otro representante socialista del Gobierno.

Junts, en cualquier caso, no compra esta propuesta. Y advierte de que no se puede decir que la ley de amnistía es robusta y que cubrirá a todos los afectados y, al mismo tiempo, estar pensando en indultos. El PSOE y los secesionistas negocian fórmulas que desencallen la ley. En principio, estaba previsto que la comisión de Justicia del Congreso se reuniera el lunes, pero la falta de acuerdo entre ambas partes ha descartado la convocatoria. Junts exige una ley integral, que no deje a nadie fuera; en especial a Puigdemont, que podría ser imputado por alta traición por la supuesta trama rusa del 'procés' y por terrorismo en la causa contra 'Tsunami Democràtic'.

Puigdemont niega que existieran esa conjura de su Govern con el Kremlin de Vladímir Putin. El expresidente de la Generalitat cargó ayer contra Moscú tras la muerte en prisión del líder opositor Alexéi Navalni: «La muerte de Navalni en una prisión siberiana es una terrible noticia para la democracia y expone al mundo las debilidades del régimen ruso, que silencia y persigue por todos los medios la disidencia política. Que descanse en paz». Y en paralelo, envió una carta al comisario de Justicia de la UE pidiendo que investigue el caso del rapero Pablo Hasel y los «cientos de personas perseguidas por los poderes judiciales españoles».