La ponencia del Constitucional propone anular a Griñán toda la malversación de los ERE

Griñán, que en el momento de los hechos era consejero de Economía y Hacienda, fue condenado a seis años de cárcel y 15 más de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de prevaricación y malversación. Sin embargo, su ingreso en la cárcel quedó suspendido por el cáncer que padece.

En línea con las sentencias adelantas las dos últimas semanas sobre los recursos de otros condenados, entre ellos la número dos de Griñán en la consejería andaluza, Carmen Martínez Aguayo, el texto que el Pleno del TC deliberará a partir del 16 de julio ampara los argumentos de la defensa sobre la vulneración del principio de legalidad y la presunción de inocencia, tal y como ha adelantado 'El Español' y confirmado este periódico.

Por lo tanto, lo previsible es que la mayoría de magistrados de la corte avalen esta ponencia de la vicepresidenta del TC Inmaculada Montalbán, del denominado sector progresista. Otros siete condenados por el caso de las ayudas sociolaborales a empresas en crisis dadas por la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2009 ya han visto cómo sus amparos han sido estimados de forma parcial o total y, en algunas casos, con peticiones al tribunal juzgador para redacte una nueva sentencia rebajando las penas impuestas (sobre todo las del delito de malversación, que conlleva prisión).

En detalle, estas sentencias del tribunal de garantías han supuesto la excarcelación de tres ex altos cargos de la Junta: la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que ya gozaba del tercer grado penitenciario, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exdirector de la agencia que gestionó las ayudas Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Según las mismas fuentes, respecto al delito de prevaricación (conlleva penas de inhabilitación), el borrador que se verá la semana que viene insiste en un argumento central: que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía para ejecutar el programa de ayudas no puede ser constitutiva de ningún ilícito penal, porque esta tramitación no es un acto administrativo como tal, no tiene control de los tribunales y está amparado en el Estatuto de Autonomía como una ley general.

Al no existir, por lo tanto, la prevaricación en este procedimiento parlamentario también afecta a la legalidad de la malversación (desvío de fondos públicos a fines espurios). Aunque hay una línea argumental básica que se repite en todos los amparos, luego cada caso tiene sus propios matices, porque no todos los condenados ocuparon los mismos cargos ni actuaron en los años bajo sospecha (2000-2009).

Una de las mayores diferencias recae en el paraguas legal que, según el TC, tuvieron los que participaron entre 2002 y 2009, cuando se elaboraron y aprobaron los anteproyectos y proyectos de leyes de presupuestos andaluces, frente a los que lo hicieron entre 2000 y 2001, cuando todavía no había esa ley de presupuestos y solo se hicieron modificaciones. En segundo lugar, está los altos cargos que trabajaron en la consejería clave de los ERE: Empleo y su departamento de Trabajo, en el que se encontraba el cabecilla Francisco Javier Guerrero.

Guerrero, principal condenado por la macrocausa (13 años de prisión) y responsable último del reparto de 647 millones de fondos públicos en Andalucía, falleció a causa de un infarto en su casa de Sevilla en octubre de 2020, por lo que el Supremo no pudo dar firmeza a su sentencia.