Detalles del proyecto de ley para la independencia de Cataluña

Serán lenguas cooficiales con los mismos derechos lingüísticos el catalán, el castellano y el aranés. Así, "todas las personas tendrán derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas y ejercer el derecho de opción".

La obtención de la nacionalidad catalana en no exige la renuncia a la nacionalidad española. Así, el artículo 7 de la ley expone que podrán obtener la nacionalidad catalana aquellas personas de nacionalidad española empadronados en Cataluña a fecha 31 de diciembre de 2016.

También la obtendrán las personas con nacionalidad española empadronadas en Cataluña después de esa fecha y antes de la entrada en vigor de la ley, si lo piden tras cumplirse dos años de empadronamiento continuado en un municipio catalán.

También tendrá la nacionalidad catalana quien la solicite teniendo nacionalidad española y habiendo nacido en Cataluña; o que, residiendo fuera de Cataluña, haya tenido su última residencia administrativa en un municipio catalán al menos cinco años, o que sea hijo de madre o padre con nacionalidad catalana.

Además, la tendrán los nacidos o adoptados de padres catalanes; y las personas que, tras la entrada en vigor de la ley, hayan nacido en Cataluña "de padres extranjeros si la legislación personal que se les aplica no les atribuye una nacionalidad o sus padres no la tuviesen".

El artículo 8 expone que la nacionalidad catalana también se puede adquirir por residencia legal y continuada en Cataluña por un periodo de cinco años inmediatamente después a la petición; la ley estatal exige 10 años de residencia legal, según el Ministerio de Justicia. A ese efecto, la ley que JxSí y la CUP quieren aprobar computa a los extranjeros el tiempo de residencia legal en Cataluña que haya transcurrido antes de entrar en vigor esta ley.

También pueden optar a la nacionalidad catalana los hijos menores de las personas que la hayan adquirido en virtud de ese artículo a petición de los padres o tutores. El texto advierte de que la nacionalidad se puede retirar si se han falseado datos requeridos para obtenerla.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya pasará a ser el Tribunal Supremo de Cataluña, y se constituirá cinco días después desde la entrada en vigor de la ley. Se constituirá una Sala Superior de Garantías, formada por siete magistrados, que asumirá los casos de derechos fundamentales y sería una especia del Tribunal Constitucional. El fiscal general es elegido por el Parlamento.

El Ejército español no tendrá jurisdicción en el territorio catalán y deberá abandonar Cataluña. Mientras tanto, la Generalitat asumirá el control de las fronteras; en cambio, no se explicita si una Cataluña independiente tendrá Ejército, algo que JxSí y CUP dejan para el debate constituyente.

Habrá una sola administración de la Generalitat, en la que se integrarán la administración del Estado y la local. También se continuarían aplicando las normas del derecho de la UE, el derecho internacional general y los tratados internacionales; y ese personal del Estado integrado en la administración pública catalana tendría las mismas condiciones retributivas y empleo, salvo que renuncie.

Se reconocería por otro lado el derecho a percibir prestaciones sociales públicas, así como se reconocerían los periodos de cotización en Seguridad Social; la Generalitat sería la única "autoridad" tributaria y desaparecería la potestad de la Agencia Tributaria en Cataluña; y la asunción de la deuda se dejaría a la eventual fase de negociación con el Estado.

La Generalitat asumirá la administración tributaria y la aduanera, aunque sin afectar a las competencias recaudatorias de las administraciones locales. La deuda de Cataluña será una parte fundamental de la negociación con España; pero si el Estado español se niega a negociar, no habrá asunción de la deuda.

Los cargos públicos condenados por los tribunales por delitos relacionados con el proceso soberanista serán amnistiados. Según la norma, el título V sobre 'Poder Judicial y Administración de la Justicia' afirma: "Los jueces y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta".