La política migratoria de Marruecos deriva en la crisis humanitaria en Ceuta

Entre las razones de esta presión migratoria convergen múltiples intereses y motivos de conflicto, que hace que la situación no se circunscriba únicamente a las relaciones con España, sino que también afectan a la Unión Europea, y a la propia posición e intereses geoestratégicos de Marruecos.

Como primera explicación de esta situación puede recurrirse al malestar levantado por la decisión del Gobierno español de conceder asistencia sanitaria a Brahim Gali, líder del Frente Polisario, que reclama la independencia del Sáhara Occidental, el histórico y anquilosado conflicto que mantiene Marruecos para reclamar la soberanía de esta excolonia española, después de que este fuese hospitalizado en Logroño hace un mes, y sobre las que Marruecos ya ha expresado su rechazo.

Sin embargo, como ha afirmado Ylva Johansson, comisaria de Interior, «las fronteras españolas son fronteras de la UE».

Desde esta perspectiva, la postura marroquí trasciende las tensiones con España y se enmarca en una creciente estrategia proactiva de reivindicación de su soberanía sobre el Sáhara Occidental y una intensificación de la presión sobre las posturas diplomáticas europeas.

Esta estrategia tuvo como punto de inflexión la controvertida decisión de Estados Unidos de reconocer unilateralmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental en diciembre de 2020, con la que Estados Unidos se ha puesto a la cabeza de una cada vez más larga lista de países africanos y árabes que han reconocido implícitamente su soberanía mediante la apertura de embajadas en este territorio: recientemente, Burkina Faso, Guinea Bisáu y Guinea Ecuatorial, o Egipto, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, que lo harán en los próximos meses.

La suspensión de relaciones diplomáticas con Alemania cuatro meses más tarde, enmarcada en la crítica del reconocimiento unilateral de la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui por parte del país europeo, mostraba la intransigente postura adoptada por Marruecos y permitía entrever una situación como la ocurrida en Ceuta.

La próxima resolución del Tribunal de Justicia de la UE sobre los acuerdos económicos firmados entre la UE y Marruecos y la posibilidad de este último de incluir al Sáhara Occidental en el acuerdo, denunciado por el Frente Polisario, podría suponer un elemento más de fricción con Marruecos en este ámbito.

Estaríamos asistiendo, en este sentido, a un golpe sobre la mesa con el que Marruecos pretende recordar a sus socios europeos la importancia de sus relaciones y el riesgo de su enfriamiento.

Estas presiones se están produciendo en dos contextos que conviene recordar. El primero es el giro mostrado por la política exterior marroquí a lo largo de la última década, escenificado en su regreso a la Unión Africana en 2017 (en la que confluyen representantes marroquíes y del Frente Polisario, pese a lo cual Marruecos no ha ocultado su objetivo de lograr un reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara por parte de esta organización y sus miembros).

Este giro no refleja únicamente intereses territoriales, sino un interés por intensificar su papel político en este continente, que podría conducir a un reequilibrio de sus relaciones con Europa. El segundo marco hace referencia a la creciente externalización de los controles migratorios por parte de la UE, que otorga a los países vecinos (como también demostró Turquía el año pasado) la capacidad de instrumentalizar la migración en el proceso de negociación con esta organización.

El acceso de esta elevada cifra de migrantes a Ceuta, que se produce tras meses de asfixia económica de la población marroquí consecuencia del cierre de fronteras con Ceuta y Melilla y el bloqueo del comercio transfronterizo, abre una crisis humanitaria en España.

También contribuye a intensificar la polarización política en el país, como ya ha demostrado, entre otros, Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha VOX a través de sus acusaciones de «invasión» y su traslado a Ceuta. Ambos elementos contribuyen a la vulnerabilidad de España ante esta situación.

En este contexto, la militarización de la zona por parte del gobierno español no es más que una respuesta cortoplacista a la crisis humanitaria desatada. También lo son las devoluciones en caliente promovidas como solución parcial a la presión migratoria, que no resuelve la situación de los menores que han cruzado la frontera o aquellas personas en situaciones sanitarias vulnerables.

La solución pasa por la intensificación de las medidas humanitarias, la intensificación de los instrumentos sociales de atención a la población migrante y el fortalecimiento del trabajo diplomático para contribuir a fortalecer el «colchón de intereses» sobre el que se asienta las relaciones, no solo de España y Marruecos, como se suele afirmar, sino de Marruecos con la Unión Europea también.

Este artículo ha sido publicado en The Conversation.