El Poder Judicial prioriza que sus candidatos al TC provengan del Supremo

En él se sientan ya los nueve magistrados que optan a las vacantes del TC y que han revelado, en aras de «la máxima transparencia» y en lo que a su parte corresponde, Cuesta, Bach y Mozo. Según la explicación trasladada por ellos, Llombart y Ballestero ha expresado su «deseo de lograr el mayor de los márgenes temporales posibles» dado que carecen a fecha de hoy de candidatos, lo que atemperaría la posibilidad de una salida inminente una vez que el Consejo ya ha sobrepasado el plazo que vencía este pasado martes, 13 de septiembre. Los vocales conservadores han venido transmitiendo que una de las consecuencias de la parálisis que atenaza el Poder Judicial es que los hipotéticos aspirantes al Constitucional se han retraído de postularse; y que algunos que han sido tentados a ello, como el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, han declinado ante el fárrago reinante.

Con la publicación de dos comunicados casi paralelos y con versiones más o menos coincidentes sobre las conclusiones de un cónclave «muy cordial», los dos bloques del CGPJ dejan constancia de su acercamiento. Un acercamiento que ha evitado 'in extremis' que el Consejo entrara en una crisis sin precedentes ya no solo porque su mandato lleve casi cuatro años vencido por el extenuante pulso entre el PSOE y el PP, sino por la quiebra interna que ha desatado la contrarreforma legal promovida por los socialistas para acelerar la renovación del TC y que ha sido respondida con un plante por ocho vocales conservadores del Poder Judicial. Las líneas maestras de la negociación consensuado en la cita telemática de hoy tienen tanto de obvio como de simbólico. La mayoría exigida para las designaciones ha de ser cualificada -12 miembros del Consejo, que cuenta ahora con 18 de sus 20 cargos (los dos sillones vacíos lo son por fallecimiento y jubilación) y su presidente, Carlos Lesmes-; pero tras el gesto de comprometerse a ello late la consciencia del riesgo que suponía perseverar en el bloqueo para la entereza y crecdibilidad del CGPJ. Y cabe suponer que el Consejo siempre efectúa ese análisis «amplio» de los currículums de los candidatos a desempeñar su tarea en la cúpula de la Magistratura. Que los negociadores consignen ahora ese compromiso que se da por obligado trataría de dar cuenta de la profesionalidad de los nombramientos y apuntalarla ante el peligro de descrédito.

Algo que refuerza el hecho de que el otro acuerdo de esta primera reunión haya sido priorizar que los candidatos al TC formen parte ya del Supremo, lo que garantizaría la entidad jurídica de los candidatos. El Gobierno no tendría por qué sentirse concenido por esta premisa a la hora de proponer sus dos candidatos; pero alguno de los nombres que se han aireado en los últimos meses no integraban las filas del alto tribunal con sede en la madrileña plaza de las Salesas. La relación de aspirantes que somete a la consideración del Consejo el sector progresistan la componen los magistrados José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Rafael Fernández, Ángeles Huet, Jacobo López, Isabel Perelló, María Luisa Segoviano, Rosa María Virolés y Pablo Lucas. Este último, cuyo nombre saltó a la actualidad al ser el juez del Supremo que autoriza las peticiones del CNI incluidas las referidas al espionaje con Pegasus, es hermano del vocal que se sienta en el Consejo a propuesta en su día del PNV. Enrique Lucas se excluirá de las deliberaciones si la candidaura de su familiar puede ser finalmente una de las dos elegidas.

Donde no ha habido concordia, según la nota difundida por los negociadores de tendencia conservadora, es en que deba considerarse «la repercusión» de los seleccionados en sus órganos jurisdiccionales de procedencia y en evitar llevar las propuestas de nombramiento al CGPJ en tanto no se haya forjado un consenso que las amarre. Esta primera reunión entre las dos 'familias' del órgano de gobierno de los jueces proyecta, así, un doble y paradójico efecto. Por una parte, la dilación en determinar los candidatos abunda en el vencimiento del mandato parlamentario que introdujo la contrarreforma alentada por el Ejecutivo y que daba de plazo hasta este pasado martes, 13 de septiembre, para que el órgano de dirección de los jueces resolviera; mandato que no ha cumplido y sigue sin cumplir. Pero por otra, y después de asomarse al abismo de la quiebra interna que salpicaría nada menos que al Constitucional, el marco de discusión pactado hoy avanza en la senda de sortear el choque de poderes sin precedentes al que habría abocado un enrocamiento sobre las vacantes en la corte de garantías. Una desinflamación de los ánimos en la que está también el Gobierno tras renunciar a seguir señalando a los vocales conservadores como incumplidores de la ley para propiciar la renovación del TC. La contrarreforma fue aprobada este verano por el Congreso a raíz de la proposición alentada por los socialistas.

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El comisario europeo de Justicia pide reunirse con Lesmes

La inquietud que late en las instituciones europeas por el bloqueo en las negociaciones del Gobierno y el PP para renovar al completo el Consejo General del Poder Judicial, que cumplirá en diciembre cuatro años de interinidad, se ha ido haciendo patente en distintos pronunciamientos en los que sus responsables han urgido a socialistas y populares a actualizar el máximo órgano de dirección de la Judicatura. El último, por ahora, es el de la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourova, quien ha incidido esta semana en las apelaciones que ya lanzó en junio en una visita a España con una novedad no menor: la de alinearse explícitamente con el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, quien en la apertura del año judicial hace diez días amenazó con dimitir si prosigue la parálisis,. Ahora, y según ha informado el Consejo, es el responsable comunitario de Justicia, Didier Reynders, quien ha pedido entrevistarse con Lesmes en el viaje que tiene previsto a Madrid para este 30 de septiembre.

El comisario belga ha llegado a advertir de que la UE actuará «contra España con todos los instrumentos» en el supuesto de que el bloqueo se enquiste sin solución a la vista. De ahí que adquiera singular relevancia la cita con Lesmes, quien recibió también a Jourova el 15 de junio. Desde entonces, la proclamada disposición de socialistas y populares a un pacto no solo no se ha traducido en nada, sino que el contexto ha ido a peor con la crisis añadida sobre la cobertura de las vacantes en el Tribunal Constitucional. El espaldarazo europeo refuerza a Lesmes en el papel crítico y denunciador de que ha asumido al agravarse «la anomalía» institucional, con la advertencia sobre su renuncia como palanca de presión.