Sánchez eleva el gasto en defensa al 2% sin acuerdo de sus socios ni apoyo del Congreso

El pasado 6 de marzo, tras la cumbre extraordinaria de líderes europeos que abordó las necesidades de seguridad y rearme de Europa tras el acercamiento de Donald Trump a Vladímir Putin, el jefe del Ejecutivo ya anticipó que, como demandaban los socios comunitarios y la Alianza atlántica, pisaría el acelerador para alcanzar esa cifra lo antes posible. Pero hasta ahora no estaba claro que ritmo de crecimiento que plantearía ni si esperaría a que la Comisión Europea decidiera si ponía en marcha, como en pandemia, algún instrumento de financiación a fondo perdido. No ha sido así.

Este miércoles acaba el plazo para presentar a la OTAN las previsiones de gasto militar para este año y Sánchez ha aprovechado para demostrar a los aliados que su apuesta es firme pese a las dificultades internas. «Lo que está en juego es algo tan serio como la seguridad de Europa y de España; nuestros socios cuentan con nosotros como nosotros contamos con ellos cuando planteamos solidaridad frente a la pandemia, y una amplia mayoría de ciudadanos -advirtió para justificar una decisión que, ya sabe de antemano, generará polémica - quieren soluciones, no controversias estériles o interesadas».

El jefe del Ejecutivo es consciente de su falta de estabilidad parlamentaria y no someterá su plan a votación en el Congreso. No está obligado a hacerlo, conforme a la ley, porque el manguerazo que permitirá a España saltar en solo un año desde el 1,4% – en el que según los datos definitivos de la OTAN, se situó el gasto militar en 2024– al 2%, o sea, alcanzar los 33.121 millones de euros, no supondrá un aumento presupuestario.

La subida se financiará, conforme a sus explicaciones, a través de la reorientación de algunas partidas del plan de recuperación, como la destinada a ciberseguridad; con los ahorros generados por «el buen desempeño de la política económica», y con el margen que dan carpetas incluidas en los Presupuestos 2023, doblemente prorrogados, que ya «no se necesitan», por ejemplo, compensaciones a las comunidades autónomas por la caída de ingresos fiscales en pandemia.

No obstante, Sánchez sí se comprometió a comparecer ante la Cámara baja, probablemente, a principios de mayo. Y, como ya hizo el mes pasado, tras la citada cumbre extraordinaria en Bruselas, tendrá que esmerarse para convencer, no ya a la oposición, sino a la mayoría de fuerzas del bloque de investidura de las bondades de un plan que ni siquiera cuenta con el apoyo sin reservas de todo el Gobierno, como demuestran las observaciones planteadas por Sumar en el propio Consejo de Ministros.

La formación de Yolanda Díaz sostiene en el documento que recoge sus reservas que «el conjunto del plan supone una ingente dedicación de recursos públicos en gasto militar que no responde a una visión que suscite consenso en el interior del Gobierno y que no parece cumplir con los objetivos de procurar una política europea basada en la autonomía estratégica capaz de otorgar a España y a la UE una capacidad de respuesta adecuada ante los retos que plantea la actual situación geopolítica». Pero los socialistas se quedan con que su discrepancia se refiere, sobre todo, a uno de sus puntos, el relativo a la fabricación y compra de armamento, que supone un 19% del gasto total.

El presidente defendió ese gasto en armamento como "necesario". «Aunque no nos guste hay enemigos estatales y no estatales a los que solo se les disuade así. Nosotros no elegimos esta coyuntura internacional marcada por la incertidumbre», se justificó. También insistió en que, en todo caso, solo supone una quinta parte de la inversión aprobada.

De los 10.471 millones de euros del plan, otro 35% se destinará a mejorar las condiciones laborales, la preparación y el equipamiento de las Fuerzas Armadas «para equipararlas con las de los países más avanzados de la UE»; el 31% irá a desarrollar y adquirir capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad; el 17% a reforzar el papel de las Fuerzas Armadas en la gestión de emergencias y desastres naturales, como inundaciones o incendios; y el 3,14% restante a mejorar las condiciones de seguridad de los casi 3.000 efectivos que integran las 16 misiones de paz de España en el exterior, bajo las banderas de la Unión Europea, la OTAN o las Naciones Unidas.

Sánchez hizo hicapié igualmente en su plan cumple con el compromiso de no detraer un solo euro del gasto dedicado al Estado del bienestar, no subir impuestos y no aumentar el déficit. Pero, además, incidió en que el 87% de la inversión se quedará en España, que del 13% restante una importante cantidad irá a la industria europea, y en que, a la postre, todo redundará un nuevo estímulo económico para España, basado en la industria, la formación y el desarrollo de «tecnologías de doble uso». De hecho, cifró el retorno de la abultada inversión en un incremento del PIB nacional de entre un 0,4% y un 0,7%, un aumento del 18% las inversiones en I+D+I y la creación de 36.000 empleos directos y unos 60.000 indirectos, la mayoría con un salario y una calificación superior a la media nacional.