Paro en juzgados y tribunales: jueces y fiscales avisan de que irán a huelga si el Gobierno no retira las reformas

A las puertas del Tribunal Supremo (TS) se han concentrado más de cien jueces y fiscales tanto de esta sede judicial como de la Audiencia Nacional (AN), así como de las fiscalías antidroga y anticorrupción. En su caso, los encargados de leer el manifiesto han sido el fiscal de la AN Vicente González Mota, de la APIF, y la fiscal antidroga Rosa Frías, de la Asociación de Fiscales (AF).

Entre quienes han secundado el paro en la cúpula judicial y fiscal se encontraban el presidente de la AN, Juan Manuel Fernández; magistrados de ese mismo tribunal como María Tardón, Antonio Piña, José Luis Calama o Eloy Velasco; magistrados del TS como Antonio del Moral, Wenceslao Olea, Juan Martínez Moya o Manuel Almenar; fiscales del TS como Javier Huete y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Todos ellos, algunos toga en mano, han recibido el apoyo de decenas de personas que se han concentrado también en el Parque de la Villa de París para mostrarles su apoyo al grito de «valientes», «independencia judicial» y «libertad». «Solo nos quedáis vosotros y la UCO», han añadido.

Por su parte, y ataviados con sus togas a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, cinco representantes han leído el manifiesto minutos después de que sus compañeros de carrera les animaran al grito de «independencia judicial» y «si no hay justicia no hay libertad».

A la convocatoria han acudido, entre otros, el magistrado Adolfo Carretero, que actualmente investiga al exdiputado Iñigo Errejón y antes investigó el 'caso mascarillas'. También han estado presentes, aunque como público, dirigentes como Marta Castro (Vox) o la exintegrante de la formación Macarena Olona.

Además de jueces y fiscales, a Plaza de Castilla también han acudido más de un centenar de ciudadanos que, ondeando banderas de España, han protestado al grito de «No es un gobierno, es una mafia» o «Familia Castejón, todos a prisión». También han estado mostrando su apoyo sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil.

Ese primer grupo de manifestantes se ha acercado a las puertas del juzgado y ha aprovechado para clamar por la salida del presidente del Gobierno. Cuando han entonado tanto «Pedro Sánchez, hijo de puta» como «Pedro Sánchez, a prisión», los jueces y fiscales ataviados con togas se han retirado, coincidiendo con el final de los 10 minutos de parón y tras haber leído el comunicado.

Representantes de todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, han leído un manifiesto ante sus compañeros de carrera para exponer los argumentos por los que consideran que es necesario frenar las iniciativas legislativas defendidas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han recordado que la Constitución «implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía».

Y, al hilo, han advertido de que «esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».

Se refieren, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal --que el jueves se enfrenta a su primer examen en el Congreso-- y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). «Iniciativas ambas contras las que hoy reaccionamos con este paro», han incidido.

«No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente», alertan.

Las asociaciones han subrayado que la reforma de acceso a ambas carreras--«tramitado injustificadamente por vía de urgencia»-- «no responde a demanda social alguna». Y han recordado que, además, «ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».

«Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración», han apuntado.

También han criticado que el texto legislativo incluya medidas, «como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces», y que pretenda «crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».

Asimismo, reprochan al Ejecutivo que ponga «falsamente a Europa como excusa» para modificar la base de ambas carreras «convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal».

En el marco del manifiesto, las asociaciones también han criticado la redacción del anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía. «Se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo», señalan.

Y recalcan que ello, «sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».

Las firmantes, además, lamentan que todas estas reformas tengan lugar en «un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos».

Cuando las asociaciones anunciaron su convocatoria de paro el pasado 23 de mayo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró en declaraciones a la prensa a la salida del Senado que los «temores» de las asociaciones eran «infundados».