Torra quita la pancarta de los presos pero pone otra a favor de la libertad de expresión

Como ya ocurrió en marzo pasado, el presidente de la Generalitat tuvo que tragarse este viernes sus palabras y sobre las tres y media de la tarde dos funcionarios del Gobierno catalán salieron al balcón de la sede de la Presidencia y retiraron la polémica pancarta con el lema «Libertad presos políticos y exiliados». Torra rectificaba una vez más, eso sí, fuera de plazo y con el riesgo de que le caiga una nueva querella. Como ya hizo en el caso anterior, por el que será juzgado, Torra quiso salvar su honrilla para que nadie le acuse de plegarse a la justicia, y colgó tres horas después una segunda pancarta, en este caso a favor de la libertad de expresión y de opinión, sin lazo amarillo y sin mención a los presos.

Torra retrocedió además a su época de activista, cuando era dirigente de Ómnium, y cedió el balcón de la sede de la Generalitat a algunos agitadores del movimiento secesionista, como el cantante Lluís Llach, el dirigente de la CUP Antonio Baños o la actriz Sílvia Bel, para escenificar que fue la ciudadanía movilizada (puño en alto, en el caso de Baños) la que colgó la nueva pancarta.

El jefe del Ejecutivo central ya puso este cartel en marzo -cuando también había retirado la de la libertad de los presos- y la Junta Electoral no puso objeción. Un nuevo quita y pon por parte del presidente de la Generalitat que amaga sin dar con la confrontación contra el Estado.

Los acontecimientos se desarrollaron este viernes a una velocidad de vértigo. Sobre las tres de la tarde, el TSJC dictaba un auto dirigido al departamento de Presidencia en el que le exigía que «de forma inmediata» diera instrucciones a los Mossos para que retiraran la pancarta. Torra no pudo evitar que se quitara, a pesar de que días atrás afirmó que «no nos podemos echar atrás y no podemos ceder a la involución del Estado».

Torra será juzgado el próximo 18 de noviembre por un delito de desobediencia. Ciudadanos recurrió la colocación del cartel en la campaña de las pasadas elecciones generales. La Junta Electoral dio la razón a la formación naranja y obligó a Torra a retirar la pancarta desde el argumento de que en periodo electoral las instituciones deben mantener una posición de neutralidad institucional. El president se negó en un primer momento a quitar el cartel, pero sí lo hizo días después. Se enfrenta a una pena de 18 meses de inhabilitación.

La Generalitat acató este viernes a regañadientes la orden del TSJC, y lo hizo poco después de que el Gobierno pidiera a Torra que condene con «claridad» la violencia y «deje claro su respeto a las leyes de la democracia y al Estado de derecho». No salió por boca del dirigente nacionalista, ni de ningún destacado dirigente independentista, el menor atisbo de rectificación respecto al apoyo cerrado expresado el jueves pasado en el pleno parlamentario de la bronca hacia los CDR detenidos por terrorismo.

La marcha atrás del jefe del Ejecutivo tenía un componente de rectificación, pero también reculó el portavoz de ERC en la Cámara catalana, Sergi Sabrià, quien admitió que el independentismo debería hacer «autocrítica» por las formas empleadas en el pleno del jueves, pues a su juicio «regaló» a Ciudadanos la foto que buscaba.

Sobre el fondo, en cualquier caso, los secesionistas siguen sin desmarcarse de los CDR, a pesar de que TV3 informaba este viernes de que querían colocar un artefacto durante una concentración independentista cerca del Parlament. El secesionismo insistió este viernes en el argumento de que los aparatos del Estado intentan vincular el movimiento soberanista al terrorismo y que todo se trata de un montaje. Hay una «voluntad ambiental» de «vincular el independentismo con el terrorismo», dijo Roger Torrent.

Torra evitó referencia alguna al asunto de las pancartas y en Twitter calificó de ataque a la democracia la impugnación del Gobierno de algunas de las resoluciones arpobadas por el Parlament.