El PP ofrece a la oposición ampliar la investigación de sus cuentas hasta 2012
En su recurso a la Mesa del Congreso pide que solo se examine el dinero que salió de la Administración Central a la 'caja B'
El Partido Popular, tal y como había anunciado, ha pedido el amparo de la Mesa del Congreso de los Diputados para intentar limitar los trabajos ... de la comisión de investigación sobre su supuesta caja B. En su recurso, los populares insisten en su tesis de que este órgano debería solo investigar la presente legislatura, que arrancó en julio de 2016. Su idea es que no se puede ir más allá porque es «ineficaz exigir responsabilidades políticas a personas que actualmente están fuera de la vida política y no ostentan cargo alguno».
Sin embargo, por primera vez, y después del varapalo que se llevó en la última comisión al quedarse solo en sus pretensiones, el PP ofrece otras dos fechas alternativas hasta las que podría remontarse la investigación sobre su supuesta caja B. La primera es 2015, cuando se tipificó el delito de financiación ilegal. La segunda octubre de 2012, cuando entró en vigor la reforma de la Ley de Financiación de Partidos. En cualquier caso -explicaron fuentes parlamentarias- estos dos límites temporales dejarían fuera de la comisión la totalidad de casos como Gürtel o Palma Arena y buena parte de tramas como Lezo o Púnica, entre otras.
El PP, que por medio de Fernando Martínez-Maillo insiste en que deben ser los servicios jurídicos los que fijen el marco temporal de la investigación, defiende en su escrito recortar el límite de la comisión en su plano institucional y material. En el primero, reclama a la Mesa que solo sea objeto de las pesquisas la Administración General del Estado y el supuesto dinero desviado desde estos entes a las arcas del PP para su supuesta financiación ilícita. De esta manera, los populares dejarían fuera a comunidades, ayuntamientos y diputaciones provinciales y otros muchos entes locales, bajo sospecha en los casos ya conocidos por los tribunales de corrupción que salpican al Partido Popular.
Y en el plano material, el PP exige que solo se investiguen «los hechos o conductas realizadas por el PP en esta legislatura para su financiación y que pudieran considerarse presuntamente ilegales», lo que deja fuera la casi totalidad de sumarios en los que están involucrados dirigentes del partido.
«Actitud intransigente»
El partido del Gobierno, que esta semana ha perdido todas las votaciones para intentar limitar el alcance de la comisión tras el pacto entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, aprovecha su escrito para denunciar la «actitud intransigente» y de «absoluto desprecio» de la oposición a las tesis del PP y el enconamiento de estos partidos para poner en marcha una comisión «sin reglas». Según aduce el PP, la actitud de los grupos de no establecer límite alguno a los trabajos da luz verde a que los diputados se arrogue «funciones judiciales» contraviniendo la propia Constitución y violando el derecho a la «presunción de inocencia».
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