La nueva ley de derecho de defensa garantiza rapidez procesal y resoluciones «congruentes»
El Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto, pionero en Europa, para aunar en un solo texto una regulación «escasa y fragmentada» y los derechos y deberes de los abogados
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, consagra por vez primera en una norma el ... conjunto de facultades y garantías que se reconocen jurídicamente a todas las personas para proteger y hacer valer sus derechos, libertades e intereses legítimos antes los tribunales y las administraciones, así como en los procedimientos de solución de controversias.
Con la aprobación de este anteproyecto, el Ministerio de Justicia pretende conseguir que las personas conozcan el alcance que tiene el derecho a la defensa, así como que exista una guía de actuación para los operadores jurídicos. Según la ministra de Justicia, Pilar Llop, este derecho fundamental contaba actualmente con una regulación «escasa y fragmentada» y con el impulso de este anteproyecto «aunaremos en un único cuerpo legal todos los aspectos, incorporando las modificaciones más oportunas a la luz de la jurisprudencia y el ejercicio diario de la abogacía».
La norma será pionera en Europa, ya que no existen referentes previos de una ley integral del derecho de defensa, un derecho reconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución y, en el ámbito internacional, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Evitar la indefensión
El contenido del texto se divide en dos aspectos fundamentales: por un lado, las implicaciones que el derecho de defensa tiene para toda la ciudadanía; y, por otro, el régimen de garantías y deberes de los profesionales de la abogacía y demás garantías institucionales.
En relación al primer aspecto, el derecho de defensa comprende la prestación de asistencia letrada o asesoramiento en Derecho, y la defensa de los intereses legítimos de la persona a través de los procedimientos previstos legalmente. Incluye, en todo caso, el derecho al libre acceso a los tribunales, a que se dicte una resolución «congruente» y fundada por un juez imparcial y a un proceso sin dilaciones.
Asimismo, incluye las facultades precisas para conocer y oponerse a las pretensiones que formule la parte contraria, para utilizar los medios de prueba pertinentes en apoyo de las pretensiones propias, y el acceso a un proceso público con todas las garantías, sin que pueda producirse situación alguna de indefensión.
En las causas penales, el derecho de defensa integra, además, el derecho a ser informado de la acusación, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, a la presunción de inocencia y a la doble instancia, todo ello de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y resto de leyes procesales. Estos derechos resultarán de aplicación también al procedimiento administrativo sancionador y al procedimiento disciplinario de acuerdo con las leyes que los regulen.
Garantías y deberes de la abogacía
En cuanto a las garantías y deberes de la abogacía, el anteproyecto de ley establece que la asistencia jurídica se prestará por profesionales titulados y colegiados, garantizándose su actuación libre e independiente, así como la confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional.
Asimismo, como novedad, se recoge en rango de ley por primera vez que toda persona pueda solicitar que la contratación de los servicios jurídicos de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo profesional o medio equivalente.
Por su parte, los deberes de la abogacía se centran en los principios constitucionales y legales que deben guiar su actuación, así como en sus deberes deontológicos. Las garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía incluyen la actividad supervisora y sancionadora de los colegios profesionales, que aseguran el cumplimiento de las normas deontológicas y el correcto amparo de los profesionales en el ejercicio de su desempeño profesional.
El anteproyecto también prevé la existencia de los Servicios de Orientación Jurídica colegiales, que tendrán como finalidad prestar a las personas toda la información relativa a la asistencia jurídica, sobre todo en cuanto a los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita, promoviéndose la atención a los colectivos más vulnerables.
También recoge que el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo Autonómico competente, si su normativa lo prevé, publiquen información estadística sobre la aplicación del régimen disciplinario en el ámbito colegial. Esta información estadística será de acceso público en los portales de las instituciones colegiales.
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