Multa de más de 10.000 euros por un porro

Son varios los casos, hasta tres confirmados, los que están pendientes del recurso por la vía del contencioso administrativo con el objetivo de recurrir unas multas que son calificadas de «barbaridad» por el propio Jefe de la Policía Local de Yecla, Pedro Vicente Martínez, pero «tenemos que cumplir la ley. El que no aplique la ley tendrá que explicarlo».

En el Ayuntamiento de Yecla llevan varios años aplicando la ley y pidiendo explicaciones a otros organismos. Se han pedido informes a los servicios jurídicos municipales y también a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia para saber si están o no haciendo lo correcto cuando a una persona la sancionan con 10.401 euros por consumir droga en un espacio público o por poseerla de forma reincidente. Y la respuesta que han recibido a las consultas es que sí, que lo están haciendo bien. «Tenemos un informe de la Delegación que nos dijeron que lo que pone en la ley es lo que pone», explica Pedro Vicente, que ya ha recibido en su despacho a varias madres de jóvenes que con lágrimas en los ojos le explican que no pueden pagar esas sanciones o que eso supone embargar el futuro sueldo de los sancionados. «No me parece bien que alguien esté fumando porros en un parque de niños. Pero me parece una aberración para el futuro de los chavales una multa de 10.000 euros», asegura el jefe de la Policía Local de Yecla.

Desde el equipo de gobierno municipal se confirma que varios casos están pendientes de resolución en los tribunales. El propio consistorio ha animado a los padres a que vayan al contencioso administrativo para el que el Juez diga que no se puede multar de esa manera o que el juez se plantee un recurso para modificar eso. «Estamos esperando a ver qué pasa», expresan esas mismas fuentes.

Distintas asociaciones de cannabis, pro derechos humanos y gabinetes jurídicos, firman un informe sobre las sanciones que están aplicando ayuntamientos y las comunidades autónomas en relación a la Ley Mordaza y han resatado el caso de Yecla.

En ese informe, relatan que el consistorio yeclano podría haber impuesto entre 50 y 100 sanciones por reincidencia. «Ésto podría hacer recaudar a este ayuntamiento la friolera de 1 millón de euros. Se trata del 3,7% del presupuesto anual de este municipio que ronda los 27 millones de euros».

Entre los casos que hay en los tribunales hay uno muy llamativo. Se trata de un joven al que la policía ha localizado en tres ocasiones con droga en su poder. En la última llevaba un 'grinder' o triturador de marihuana, con la cantidad de 0,01 gramos de cannabis, según los datos que aporta este informe.

Era su tercera sanción por lo que le han impuesto una multa de 10.401 euros. Anteriormente había desembolsado 5.200 euros por otra sanción. Entonces la pagó rápidamente y no recurrió. Ahora tendrá que desembolsar los más de 10.000 euros íntegramente porque «le intentaron notificar la sanción pero no estaba en casa». Si no la paga, tendrá que tener en cuenta que su sueldo quedará embargado hasta que pueda pagarla.

Las organizaciones de cannabis, pro derechos humanos y gabinetes jurídicos abogan por un cambio en las políticas y retirar del ordenamiento jurídico «sanciones que afecten a la libertad y dignidad de las personas».

Y denuncian que los ayuntamientos que las imponen solo destinan partidas de 6.000 y 5.700 euros a la prevención y atención a las drogodependencias: algo que podría ser sufragado con la mitad de una de estas sanciones draconianas.