El TSJC decidirá sobre la suspensión del 14-F

Después de la decisión adoptada la semana pasada por el Govern catalán, con el apoyo de buena parte de las fuerzas políticas catalanas, salvo el PSC, de suspender la convocatoria electoral de las catalanas del mes que viene para retrasar la fecha y celebrar los comicios en mayo, este lunes llegó una batería de impugnaciones, lo que deja el calendario electoral catalán en manos de los tribunales.

El 30-M, por tanto, podría estar en el aire, a la espera de lo que resuelvan los tribunales. El Govern, eso sí, se mostró este lunes confiado de haber actuado de acuerdo a ley. Lo resolverá el TSJC, que tiene ya sobre la mesa unos cuantos recursos. La mayoría son de pequeños partidos políticos sin representación parlamentaria como el PACMA, la Lliga Democràtica, Federalistas de Izquierdas, Izquierda en Positivo o Impulso Ciudadano. Además, uno de los recursos es de un particular, que pidió medidas cautelarísimas, por lo que el TSJC deberá resolver en breve. El PSC había anunciado que se planteaba recurrir, igual que la patronal Fomento, el PNC o Vox.

Que algunas de las entidades recurrentes, como Federalistas de Izquierdas o la Lliga, que decidió no concurrir a los comicios aunque buscó el pacto con el PSC, sean formaciones próximas a los socialistas llevó a Esquerra a cargar con todo contra el Gobierno y acusar a Pedro Sánchez de estar maniobrando para interferir en las elecciones catalanas a través de una especie de 155, disfrazado de pandemia y negativa al aplazamiento electoral.

La guerra de recursos contra la suspensión de las elecciones por parte del Govern se ha convertido en una guerra entre ERC, JxCat y el PSC, las tres formaciones que apuntan con más posibilidades de victoria en las autonómicas. Los republicanos acusan a Sánchez de presionar a pequeñas formaciones para que le hagan el trabajo sucio para recurrir el decreto y conseguir paralizar la suspensión por la puerta de atrás, mientras los socialistas acusan a la formación de Oriol Junqueras de cambiar las reglas de juego en medio de la partida, permitiendo, por ejemplo, que los partidos formen nuevas coaliciones o se confeccionen listas nuevas. El decreto que desarrolla las nuevas elecciones, no obstante, no se ha aprobado por parte del Ejecutivo catalán. Tampoco el de la convocatoria electoral del 30 de mayo, pues tiene que esperar a abril, a 54 días de la fecha.

Los recurrentes piden que la justicia tumbe el decreto que deja sin efecto la convocatoria del 14-F. A su juicio el decreto firmado por Aragonès puede suspender la democracia y perpetuar al Ejecutivo a su antojo y sin control parlamentario. «Quien no sea presidente de la Generalitat en plenitud, no puede ni convocar ni desconvocar», según Federalistas de Izquierdas.

Para la Lliga Democrática, acomodar la celebración de los comicios y la formación de un nuevo Govern a sus intereses electorales poniendo como excusa la pandemia es, en estas circunstancias, una enorme irresponsabilidad que ocasiona un «agravio inasumible».

Poco después de la impugnación, el vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones, Pere Aragonès, defendió la cobertura legal del decreto del Govern y recalcó que la decisión se tomó con un amplio consenso entre los partidos catalanes. A su entender, la suspensión del 14-F fue una decisión «lógica y coherente». «La evolución de la pandemia evidencia que mantener la convocatoria del 14-F era un riesgo inasumible y un perjuicio para la participación electoral», justificó.

El decreto de suspensión del 14-F fue publicado el sábado en el diario oficial de la Generalitat. Deja sin efecto los comicios autonómicos, «previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña». El texto recuerda un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat que contempla la posibilidad de aplazar las elecciones «en caso de insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar el pleno ejercicio del derecho de voto al electorado en condiciones de libertad e igualdad» por la pandemia. Establece que la suspensión debe acreditarse con «una justificación técnica» que constate que las medidas aplicadas son insuficientes para que se puedan desarrollar las elecciones con garantías.