Libertad con cargos para todos los detenidos del entorno de Puigdemont

El magistrado acordó la libertad provisional para las nueve personas que quedaban en dependencias policiales desde el miércoles con la obligación de estar a disposición del juzgado siempre que sean requeridos. El magistrado de instrucción 1 de Barcelona mantiene la causa abierta por los presuntos delitos de soborno, malversación de caudales públicos, prevaricación y desórdenes públicos. En un primer momento, también investigaba por blanqueo de capitales, pero este delito quedó este viernes descartado.

La causa está relacionada con el desvío de fondos públicos de la Diputación de Barcelona, y entre otras cuestiones se sospecha que los detenidos pudieron integrar una presunta trama dedicada a desviar subvenciones públicas para financiar los gastos del expresidente Carles Puigdemont en la localidad belga de Waterloo. Entre las nueve personas que este viernes acudieron al juzgado, están cuatro dirigentes muy relevantes del independentismo, ya que todos ellos formaron parte del llamado estado mayor del 'procés', integrado por el Govern, las entidades sociales y los partidos, que lideraron el desafío de octubre de 2017.

Es el caso de Xavier Vendrell, exconsejero de Gobernación de la Generalitat y exdirigente de ERC; David Madí, mano derecha de Artur Mas en CiU; Oriol Soler, director de la campaña de Junts pel Sí en 2015 y empresario editorial; y Xavier Vinyals, presidente de la plataforma pro selecciones catalanas. El miércoles pasado, la Guardia Civil practicó 21 detenciones, entre empresarios vinculados al independentismo o altos cargos de la Generalitat. Todos están ya en libertad. Nueve de ellos permanecieron en dependencias policiales durante dos noches hasta pasar este viernes a disposición judicial.

Los nueve investigados se acogieron a su derecho a no declarar. La Fiscalía no pidió medidas cautelares, por lo que el juez las descartó. El caso es una pieza separada de una causa abierta en un juzgado de Barcelona, que investiga desde 2016 presuntas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona, en la época en que estaba gobernada por CiU, a entidades próximas a Convergència.

A partir de ahí, el juez investiga ahora cuestiones muy dispares como por ejemplo si los arrestados desviaron fondos públicos y subvenciones públicas para financiar la estancia de Puigdemont en Waterloo, si ha habido tráfico de influencias entre empresarios y responsables políticos, qué responsabilidad tuvieron algunos de los detenidos en la creación y dirección de Tsunami Democrático, la misteriosa plataforma que lideró las protestas tras la sentencia contra los líderes secesionistas o incluso si el secesionismo buscó la ayuda del Kremlin para el 'procés'. En el auto, un exdirigente de CDC llega a afirmar que Rusia habría ofrecido 10.000 soldados para colaborar en la independencia de Cataluña.

Sobre este extremo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó este viernes de «falsa» y «carente de pruebas» la presunta injerencia en Cataluña y criticó a los medios de comunicación por «creer en semejantes 'fake news'» y «con total seriedad, aceptar y proliferar acusaciones» contra el país «menospreciando los hechos objetivos».

El juez, tal y como señala en los autos de detención, sospecha que Vendrell dirigió Tsunami y además se apunta que habría aprovechado sus contactos en diferentes administraciones en beneficio de sus empresas. Vinyals pudo desviar fondos de la plataforma proselecciones catalanas para financiar la estancia de Puigdemont. A Madí se le atribuye tráfico de influencias para favorecer sus negocios y a Soler se le sitúa en la estructura organizativa de Tsunami.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, se concentraron una treintena de personas para protestar por las detenciones. Esquerra advirtió al Gobierno de que la operación policial «agrava» el conflicto catalán y pidió explicaciones a Sánchez. «Esto es un montaje policial y estamos ante un nuevo ejemplo de la persecución general contra el independentismo y vemos que no cesa esta represión», afirmó Marta Vilalta, la portavoz de ERC.