Lamela, la juez sin rostro que vive pegada a la ley

Pegada de buena mañana a su ordenador, ultimando los detalles del interrogatorio que comenzaría una hora después, Lamela no perdía ni un minuto para supervisar cualquier detalle. Estudiosa hasta la extenuación de su trabajo como instructora del tribunal más mediático del país, a donde llegó en comisión de servicios en 2011 y dio el salto definitivo al juzgado hace ahora dos años, esta madrileña de 56 años se ha convertido sin quererlo en la juez del momento.

Sin quererlo porque en sus 30 años de carrera nunca le ha gustado la exposición mediática voluntaria. Sin desearlo porque desde que llegó al Juzgado Central de Instrucción tres, en sustitución de Juan Pablo González que a su vez ocupaba la plaza de Javier Gómez Bermúdez, ha logrado algo inédito: pasar inadvertida hasta convertirse en la juez sin rostro incluso para funcionarios que trabajan allí.

Ello pese a que en estos 24 meses -desde el pasado 28 de septiembre ya como titular del juzgado tras la excedencia voluntaria de Gómez Bermúdez- Lamela ha tenido en sus manos asuntos calientes, como Abengoa o la CAM (ayer acabó en condenas para cuatro acusados), y decisiones controvertidas, caso del envío a prisión del expresidente del Barcelona Sandro Rosell o el procesamiento de los nueve investigados por la agresión a dos guardias civiles de paisano y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016.

Hasta la resolución tomada con los líderes de ANC y Òmnium Cultural, el caso de Alsasua ha sido el que más críticas le ha generado. La razón es que la juez, en línea con la petición de la Fiscalía, acusa a los investigados por delitos de terrorismo según la reforma del Código Penal de 2015, que amplía la extensión de este tipo delictivo pensando en la lucha contra el yihadismo. Es decir, no es que Lamela se haya mostrado especialmente dura con la calificación de estos hechos, es que la Fiscalía, en su solicitud, y la Sala de lo Penal (instancia superior) han avalado su tesis.

Casada con un juez y madre de dos hijos veinteañeros, uno ingeniero y el otro economista, Lamela es una persona discreta y excesivamente responsable. «En la vida hay dos tipos de personas, las que trabajan y vuelven a casa y aquellas que por su vocación agregan un valor añadido. Y ella está en este segundo grupo», afirma un funcionario.

No pertenece a ninguna asociación judicial, por lo tanto no corre el vicioso riesgo de que la etiqueten. Es más, ha llegado a donde ha llegado sin padrino o colectivo que la aúpe. Desde que empezó en trincheras, en un juzgado de Orihuela en 1986, pasando por Manzanares, Badalona, Barcelona hasta Madrid, donde desembarcó en 1993, ha sido instructora diez años y otros diez ha juzgado y puesto decenas de sentencias en la Audiencia Provincial.

Cuando Baltasar Garzón fue inhabilitado por prevaricación trató de dar el salto a la Audiencia Nacional, pero el Consejo del Poder Judicial eligió a Pablo Ruz. En mayo pasado se presentó a la presidencia de la Sala Penal, pero los vocales conservadores eligieron a Concepción Espejal y los progresistas, a Manuela Fernández Prado. Ella sólo obtuvo un voto independiente, lo que en buena medida le aleja de llegar algún día al Tribunal Supremo.

Su única 'proximidad' al Poder Ejecutivo fue cuando formó parte del equipo del secretario general de Justicia durante el mandato del socialista Francisco Caamaño. Allí coincidió con su compañero y «muy amigo» José de la Mata, entonces director general de Modernización. Lamela se dedicó a la implantación del expediente digital en la Audiencia Nacional. Un cometido que compatibilizaba con sus trabajos en cooperación jurídica internacional y en perfeccionar otros idiomas, ya que habla francés e inglés.

Forma con De la Mata esta nueva generación de jueces tecnológicos, partidarios de usar las ventajas digitales para ahorrar costes. En el tiempo de comida, cuando el trabajo se lo permite, le gusta ir a nadar para ordenar sus ideas y combatir la soledad del juzgador.