El secesionismo llevará al Tribunal de la UE el «golpe» a la democracia

En medio de una campaña más bien anodina, los soberanistas encontraron en el último día de la carrera electoral hacia el 26-M el acicate que buscaban para movilizar a sus votantes y aprovecharon para elevar sus discursos, practicar el victimismo, arremeter contra el Estado español y poner en cuestión la salud democrática de sus instituciones. «Un ataque más a la voluntad democrática de los catalanes y a los derechos de los presos. Ha llegado la hora de la verdad de avanzar unidos hacia la República catalana», expresó el presidente de la Generalitat, Quim Torra. «El PSOE continúa en el bando del 155 y ha suspendido la democracia», aseguró el vicepresidente catalán, Pere Aragonès. La Mesa «ha perpetrado un golpe al Estado de Derecho», «se ha vulnerado la legalidad procesal» y se «ha vulnerado el reglamento del Congreso de los Diputados», según aseguró el diputado de JxCat, Jaume Alonso Cuevillas. Suspender a los diputados es «prevaricar», concluyó Carles Puigdemont.

Desde estas premisas, Esquerra y JxCat anunciaron que pedirán una reconsideración a la Mesa del Congreso. Si este organismo desestima este trámite y reafirma la suspensión de los diputados como es previsible que ocurra, teniendo en cuenta las mayorías que hay en la Mesa, los independentistas avisaron de que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Será un paso previo, según Cuevillas, de un recurso ante los tribunales europeos, en concreto al Tribunal de Estrasburgo, que a su juicio pondrá las «cosas en su sitio». «Esta batalla la ganaremos en Europa», se conjuraron los secesionistas. Los grupos independentistas también han puesto todas sus esperanzas en que la justicia europea acabe dirimiendo la causa penal por la que el Tribunal Supremo está juzgando a doce de los líderes del 'procés'.

El argumento que los independentistas esgrimieron fue que, a su juicio, la Mesa no es competente para adoptar la resolución de ayer y que cualquier cuestión que afecta al estatuto de los diputados debe ser acordada en el pleno. A su entender, la ley de enjuiciamiento criminal obligaba al Supremo a pedir el suplicatorio, lo que podría haber paralizado el juicio. «España es una democracia plena... de grietas», según Cuevillas.

Lo que tienen que decidir ahora los cuatro diputados suspendidos es si renuncian a su acta. Junqueras lo hará en cuanto sea elegido europarlamentario y pueda hacer efectiva su condición de parlamentario en Bruselas. El dilema lo tienen los tres diputados de JxCat. El grupo nacionalista en Madrid lo conforman siete diputados. Tres han sido suspendidos y por tanto el grupo quedaría reducido a cuatro. La diputada Laura Borràs afirmó que próximamente celebrarán una reunión en la cárcel de Soto del Real para acordar los siguientes pasos a seguir en el ámbito político. «Respetaremos su decisión tanto si es para mantener su acta como si no», dijo.

Sànchez, Turull y Rull difícilmente renunciarán a sus actas porque tampoco lo hicieron en la Cámara catalana, a pesar de que esa decisión provocó que JxCat y ERC, junto a la CUP, perdieran la mayoría absoluta. En este caso, si no hacen que corra la lista de diputados, la mayoría absoluta en el Congreso pasará de 176 a 174 escaños e indirectamente facilitarán la investidura de Pedro Sánchez. A pesar de que Junqueras considera que una investidura conseguida gracias a la suspensión de los diputados supondría un «atentado democrático».

Está por ver, por otro lado, cómo afecta la decisión de la Mesa en las relaciones entre el Gobierno central y el independentismo. JxCat consideró que supone un mal inicio de la legislatura, la misma expresión que empleó Pedro Sánchez para referirse al veto a Miquel Iceta en el Parlament. Los postconvergentes creen que la operación diálogo de Sánchez se parece a la Soraya Sáenz de Santamaría.