La justicia europea avisa contra el bloqueo del Consejo del Poder Judicial

«Cuando se producen bloqueos a nivel político en relación con el nombramiento de jueces, los tribunales nacionales y europeos pueden tener que intervenir en defensa tanto de la independencia judicial como del buen funcionamiento de un Estado democrático de Derecho», ha dicho O'Leary, en el marco de una conferencia magistral que ha dado en el TC.

La jefa del TEDH ha pronunciado estas palabras tras referirse a la sentencia de Estrasburgo que el pasado junio dio la razón a seis candidatos de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que denunciaron que se les había privado de sus derechos por no poder hacer efectivas sus candidaturas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido al bloqueo en su renovación, pendiente desde el 4 de diciembre de 2018.

Además, el TEDH reprochó al TC que inadmitiera de plano su recurso de amparo sin dar suficientes explicaciones. La corte de garantías ya hizo una primera aproximación a la sentencia de Estrasbrugo el pasado julio, pero aún tiene pendiente decidir cómo darle eficacia. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, esperará a rematar este asunto a que el fallo sea firme.

O'Leary ha explicado que con esta alusión no pretendía ser «inoportuna» con sus «anfitriones», si bien ha estimado que era necesaria porque «el mismo nos recuerda que las dificultades en relación con la organización del Poder Judicial y del sistema de justicia pueden manifestarse de distintas maneras en muchos estados europeos».

Al mismo tiempo ha querido aclarar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos «no impone normas uniformes en toda Europa en relación con una multitud de cuestiones», entre ellas «la organización de los sistemas judiciales».

En este sentido, ha puntualizado que «la regulación de estas materias, que corresponde apreciar a las autoridades nacionales, puede sin embargo someterse a una supervisión europea externa con el fin de evaluar si dichas autoridades se extralimitan en su margen de apreciación».

«La fortaleza y estabilidad de nuestras instituciones es esencial para la preservación de nuestro modo de vida», ha indicado para añadir que, «como los otros estados miembro del Consejo de Europa, además de las fuerzas centrífugas que nos afectan a todos en Europa, España se enfrenta a sus propios desafíos internos».

Por otro lado, O'Leary se ha referido a la guerra en Ucrania, que «ha reconfigurado las fronteras políticas y jurídicas de Europa y ha alterado drásticamente su arquitectura de seguridad», para reivindicar que «un enfoque puramente nacional o incluso centrado en la UE es insuficiente para hacer frente a las numerosas y variadas amenazas» que encara el viejo continente.

Para la presidenta del TEDH, «los graves sucesos que se están produciendo en nuestro espacio jurídico europeo común y en sus fronteras» nos remiten «a la necesidad de mantener la determinación común de defender los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la democracia efectiva y pluralista, tal y como la hemos conocido hasta la fecha».

O'Leary ha defendido que «uno de los principales medios para lograr una mayor unidad y salvaguardar el patrimonio común de los estados signatarios ha sido y es el Convenio Europeo y su innovador mecanismo de protección colectiva de los derechos individuales».

No obstante, en este punto ha querido aclarar que «el papel TEDH no es erradicar la diversidad que caracteriza, y al mismo tiempo tanto enriquece a la Gran Europa», sino que es «garantizar la unidad en la diversidad».

«En otras palabras, el tribunal no es un supralegislador libre para decidir sin limitaciones y capaz de imponer hegemónicamente su propia visión del mundo a los estados y a sus órganos», ha subrayado.

Además, ha puesto en valor la fortaleza del TEDH al recordar el 'caso Parot' en España, destacando que «la división social e incluso política» sobre el mismo «no interfirieron en el estricto cumplimiento de las obligaciones del Estado en virtud del Convenio».

Sobre lo que está por venir, la jurista irlandesa ha recordado que, si bien ya se resolvió la demanda de Ucrania y Países Bajos contra Rusia por el accidente del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que se saldó con casi 300 muertos, «en los próximos meses se celebrarán vistas en este y otros casos interestatales relacionados con la invasión de Ucrania, desde 2014 hasta 2022».

Aunque ha rehusado pronunciarse sobre «casos pendientes o posibles casos futuros», sí ha detallado que, «de las más de 75.600 demandas pendientes, aproximadamente 15.000 son demandas individuales contra la Federación Rusia». En cuando a las demandas entre estados, hay 13 pendientes, 5 sobre Rusia.

«Desde principios de este año se han dictado 2.106 sentencias en relación con la Federación Rusa y se han comunicado a las autoridades rusas alrededor de 6.500 casos», ha remachado.

También se ha referido al reciente caso de seis jóvenes portugueses contra España y otros 32 países por la falta de medidas eficaces contra el cambio climático. Sin avanzar pronunciamientos, ha recordado otro caso por «las molestias causadas por una planta de tratamiento de residuos situada cerca de la casa de la demandante, en Lorca (Murcia)», donde el TEDH «reconoció por primera vez que una contaminación ambiental grave puede afectar al bienestar de las personas».