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La jueza procesa a Camps por la construcción del circuito de la Fórmula 1

El expresidente valenciano se sentará en el banquillo junto a dos miembros de su Gobierno, cargos de una firma pública y empresarios

S. P. / E. P.

Viernes, 3 de mayo 2019, 19:56

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Al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, concentrado en cerrar las heridas causadas por los resultados electorales del 28-A para recuperar algo de aliento político, se le acumulan las dificultades a solo tres semanas de volver a las urnas para elegir a los representantes municipales.

Uno de sus grandes líderes, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, volverá al banquillo. Será la segunda vez tras el juicio de los trajes que le obligó a dejar la jefatura del Ejecutivo regional en 2011. En esta ocasión, será por la construcción del circuito de la Fórmula 1.

No es el único político relevante del antiguo PPCV que será procesado en esta causa. El que fuera su vicepresidente Vicente Rambla y el exconsejero de Infraestructuras Mario Flores también serán enjuiciados, junto a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) así como varios empresarios.

La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar a Camps, Rambla, Flores y resto de acusados en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en Valencia, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. La magistrada sostiene que Camps «capitaneó» al resto de procesados para obtener un «rédito político y personal» como «máxime artífice» de un evento de interés mundial.

Los 'capitaneados', además de los ya mencionados y que igualmente serán procesados, son el exdirector general de Obras Públicas y más tarde secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, tres responsables del ente GTP, tres responsables o empleados de Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija de Flores) y dos de la empresa Ayesa. Además del representante de FCC José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja, los hermanos Tomás y Rafael Martínez Berna, de Hormigones Martínez, ya condenados por las facturas falsas de Orange Market, y el presidente de Cyes, Felipe Almenar, sobre el que consta en otras causas la entrega de 200.000 euros a la Caja B de Orange Market.

La magistrada señala igualmente las declaraciones de investigados y testigos, entre ellas, las del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa o del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. En total, 16 procesados.

Se archiva la causa contra otras 17 personas, entre ellas, el ex secretario general del PP, David Serra, y la asesora del expresidente Belén Reyero, y trabajadores de otras empresas, al considerar que si bien intervinieron en el proceso su actuación no tiene relevancia penal

«Proyectar su imagen»

Sobre Camps, la jueza sostiene que «ideó, planificó, impulsó y dirigió» la construcción del circuito urbano de la F1 «con la única intención de proyectar su imagen» como jefe de la Generalitat «al margen de las funciones propias» de su competencia de presidente, de la legislación y «utilizando indebidamente los fondos públicos».

Según la magistrada, el exjefe del Ejecutivo autonómico no tuvo problemas para «alterar datos y fechas en documentos de expedientes administrativos, dándole trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares».

De Rambla, la magistrada subraya que intervino «activamente» en el proyecto y realizó labores de «control directo», con un papel «director» en grandes eventos, y de Flores que tuvo un papel «relevante», aprobando resoluciones hasta en descansos dominicales.

Camps estudia presentar una querella contra la titular de Instrucción número 17. Así lo aseguran fuentes de la defensa del expresidente, tras conocer el auto de procesamiento de la magistrada.

El exdirigente popular critica a la jueza porque, sostiene, ésta incide en que la voluntad del expresidente autonómico «fue ignorar los órganos de control» como Sindicatura o Intervención. Desde el entorno de Camps inciden en que este auto de procesamiento «obedece solamente a una deformación política inaceptable en la judicatura» en contra del equipo de Gobierno popular.

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