La instructora abre juicio oral contra el hermano de Sánchez y el líder del PSOE extremeño por el presunto enchufe

En este último auto y tras un año de instrucción, la instructora ve los suficientes "indicios de criminalidad" en la comisión de los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias y decide que haya juicio oral. El escrito ha sido notificado esta misma mañana a las partes personadas. La resolución ha interferido en el movimiento que emprendió el viernes Gallardo para tratar de conseguir el aforamiento por la vía de anunciar su renuncia a la Diputación y convertirse en parlamentario autonómico, previa salida de quien ocupa el escaño y de los cuatro suplentes en la lista electoral.

Finalmente, el líder de los socialistas extremeños, al que Ferraz trató de ganar, sin éxito, con candidaturas alternativas en sendas primarias y que está enfrentado con sectores del partido en la región, ha adquirido ya su condición de aforado. Ayer miércoles registró en la Asamblea la credencial emitida por la junta electoral de zona, por lo que ya es miembro de la Cámara autonómica y, por lo tanto, tendría derecho a ser juzgado no por un órgano jurisdiccional ordinario sino por uno más elevado; en este caso, el Tribunal Superior de Extremadura.

En su auto y a la espera del efecto de esta maniobra, la instructora declara que el competente para enjuiciar a Gallardo y a David Sánchez será el juzgado de lo Penal de Badajoz al que corresponda el reparto por turno. No obstante, ha enviado luego una providencia a las acusaciones populares para que corrijan la mencionada competencia porque, al mediar solicitudes de inhabilitación que afectan a derechos fundamentales, es la Audiencia de Badajoz el tribunal enjuiciador (a expensas de lo que se acabe resolviendo sobre Gallardo).

Las acusaciones populares, unificadas en Manos Limpias y de las que también forman parte el PP y Vox, solicitan tres años de cárcel tanto para el hermano de Sánchez como para Gallardo, para el que también requieren 15 de inhabilitación, mientras que la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa. Biedma, sin embargo, no ha esperado a que se resuelvan los recursos planteados por las partes en la Audiencia para decidir la apertura de juicio oral.

En los fundamentos de Derecho de su resolución, Biedma justifica su resolución porque «habiéndose resuelto los recursos de reforma interpuestos (ante ella), la admisión de los recursos de apelación no tiene efecto suspensivo del procedimiento». Dicho de otra manera, que no es necesario esperar a que la Audiencia de Badajoz resuelva los recursos interpuestos tanto por las defensas como por el Ministerio Público.

Junto a ello, menciona la "doctrina consolidad del Tribunal Supremo" que "avala esta decisión"; esto es, la de promover la vista oral cuando solo la requiere la acusación popular y cuando la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento del procedimiento mediante un recurso de apelación. Y por último, la jueza indica que aún no procede a la fijación de la fianza porque en este momento no está fijada la cuantía ni las responsabilidades civiles solicitadas.

La causa abierta a David Sánchez se remonta al 10 de junio de 2024, cuando la instructora incoó las diligencias previas 965/2024 tras una denuncia de Manos Limpias, el pseudosindicato que también impulsó las actuaciones contra Begoña Gómez. Estos once meses de instrucción han hecho que una investigación que el Gobierno y el PSOE pronosticaban que acabaría en nada -entre acusaciones a los jueces de estar construyendo indagaciones prospectivas, expresamente vetadas por la ley- haya llegado a juicio por la supuesta concesión 'ad hoc' al hermano del presidente de la dirección de los conservatorios dependientes de la Diputación pacense.

Entre la decena de indicios acumulados en este periodo figuran que el tribunal que examinó las candidaturas presentadas estaba integrado por cuatro cargos socialistas y sin la requerida preparación musical y que David Azagra acabó ejerciendo funciones -las que él prefería- que no eran las de la dirección para la que había sido nombrado. Entre los imputados enviados a juicio se encuentra también Luis Carrero, el antiguo funcionario de La Moncloa que intercambió correos con el familiar del presidente refiriéndose a él como "hermanito" y que acabó ocupando el puesto de jefe de Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación pacense.