El juez Pedraz pone fin a la investigación sobre los 'papeles' de Bárcenas

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha optado por «no acordar la prórroga de la instrucción, sin perjuicio de la práctica y recepción de las diligencias ya acordadas», según un auto del jueves al que ha tenido acceso Europa Press.

Sin embargo, al mismo tiempo el magistrado ha recibido un informe del investigador principal de 'Gürtel', el inspector Manuel Morocho, lo cual podría propiciar la petición de nuevas diligencias por las partes, de acuerdo con las fuentes consultadas. De ser así, Pedraz podría acordarlas antes de la fecha límite.

Las pesquisas se centran en las llamadas comisiones finalistas, es decir, en determinar si los donantes de la presunta 'caja b' del Partido Popular daban dinero a cambio de adjudicaciones concretas.

En una de las últimas diligencias de esta causa, hace justo una semana Bárcenas implicó a todos los ministros de Medio Ambiente y de Fomento del PP en la trama al asegurar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.

En concreto, relató un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.

Al ser preguntadas por el propio instructor, todas las partes se mostraron a favor de extender las pesquisas seis meses, a excepción del Ministerio Fiscal, que abogó por terminar ya la instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito del 13 de julio, consideró innecesario prorrogar la investigación, aunque teniendo presente que tres días después estaba programada la comparecencia judicial de Bárcenas para «ratificar y, en su caso, ampliar los hechos que narra en su escrito de fecha 26 de enero de 2021».

En este sentido, el Ministerio Público subrayó que «nada impide, si hubiere lugar, acordar la práctica de diligencias que pudieran derivar de su declaración y adoptar cualquier medida que fuere necesaria para el buen fin de la investigación».

En cambio, la Abogacía del Estado estimó «necesaria» la prórroga, recordando que aún están pendientes diversas diligencias, entre las que mencionó «los informes sobre los expedientes de contratos requeridos a distintos ministerios y organismos, de cuya ultimación es probable que se derive la necesidad de nuevas diligencias».

En el escrito enviado a Anticorrupción, el antiguo responsable de las finanzas 'populares' afirmó que en dichos papeles se anotaban las donaciones que hacían los empresarios directamente a Lapuerta, en la misma sede del PP, en la calle Génova de Madrid, o «en ocasiones en restaurantes», a cambio de «importantes adjudicaciones de obras y servicios públicos».

Bárcenas afirmó además que «de todas estas actuaciones era perfectamente conocedor» el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. «Hasta el punto de que a principios de 2009, tuvimos una reunión en su despacho, en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esa documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber, que yo guardaba», relató.

A raíz de este escrito, tanto Pedraz como el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, que investiga 'Púnica' y 'Kitchen', le volvieron a citar para que ahondara en lo confesado a la Fiscalía, la cual le restó importancia al considerar que «aporta escasas novedades, ninguna sustancial».

La semana pasada, Bárcenas le dijo a Pedraz que no podía detallar los donantes y las adjudicaciones porque esa información estaba en los materiales que le habría robado la 'Operación Kitchen'.

La investigación sobre las comisiones finalistas arrancó tras la publicación de los 'papeles' de Bárcenas en 'El País'. El entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz empezó a indagar meses después, en marzo de 2013, pero archivó dos años después al encontrar únicamente indicios de que la reforma de la sede de Génova se habría pagado con la 'caja b'.

El caso se reabrió tras las revelaciones que hizo el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta, donde afirmó que él medió para que grandes constructoras se vieran beneficiadas con contratos públicos a cambio de un «dos o tres por ciento» de comisiones.

En dicha vista oral, el ex tesorero del PP negó en todo momento que las donaciones que distintos empresarios hicieron al PP tuvieran carácter finalista, si bien en el escrito remitido a Anticorrupción sostuvo que algunas sí tenían como objetivo conseguir adjudicaciones.

Bárcenas ya ha sido condenado en firme a 29 años de cárcel por la primera época de 'Gürtel' y está a la espera de conocer la sentencia sobre la reforma del cuartel general de los 'populares', donde la Fiscalía pide para él cinco años de cárcel. Queda ahora saber las eventuales responsabilidades penales del ex tesorero que Pedraz observe en este asunto.