El juez desvincula a Otegi del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

En un auto de este martes al que ha tenido acceso Europa Press, el juez descarta iniciar una investigación respecto a Otegi, tal y como avanzó esta agencia de noticias a finales del mes de julio.

Así lo acuerda el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, que rechaza las diligencias solicitadas por Dignidad y Justicia (DyJ), asociación de víctimas que pidió al juez que les diera cuenta de las investigaciones realizadas desde horas antes del asesinato, dado que el 11 de julio de 1997, con Blanco ya secuestrado, la AN dictó un auto por el que se acordaba investigar con urgencia a Otegi, así como intervenir sus comunicaciones.

La asociación señaló que «no consta» en la causa ningún resultado de las diligencias ordenadas respecto a si Otegi tuvo algún papel en la muerte de Blanco, pues desde entonces «nada más se supo».

García Castellón indica en su auto que es «ilusoria» la imputación «en este momento» de «personas contra las que no se haya dirigido el procedimiento hasta ahora», máxime «cuando no existe indicio de participación en los hechos de la persona referida» y que, además, de haberlos sería «una responsabilidad prescrita».

Para el juez, esta solicitud busca una «genérica investigación» sobre Otegi, una «persona sobre la que, en su momento, no debió de practicarse diligencia alguna dada su condición de aforado» entonces, aunque apunta que «pudo justificarse en su momento por la necesidad de localizar al finalmente asesinado concejal de Ermua».

Aun así, ve «previsible y razonable pensar que cualquier resultado que hubiese generado el oficio dirigido a la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa número 513, tal y como consta al folio 126 del sumario, de haber tenido un resultado, éste habría sido puesto en conocimiento del órgano judicial competente», señala García Castellón en referencia a las pesquisas ya realizadas.

En los mismos términos se expresa la Fiscalía, que en un escrito al instructor, recogido por Europa Press, entiende que «las diligencias solicitadas, en los términos formulados, no deben de aceptarse, porque no reúnen las características antes mencionadas».

Dignidad y Justicia pedía analizar de nuevo conversaciones intervenidas el 12 de julio de 1997 a miembros de ETA, pero el juez se opone ante la dificulta técnica de mejorar unas grabaciones «inaudibles en la mayor parte de su contenido». Tan solo se comprende «algunas palabras sueltas», por lo que decide no aceptarlas «al ignorar el contexto» en el que se produjeron.

Al mismo tiempo, la asociación mencionaba una declaración judicial de Miren Itziar Olaskoaga por un atentado de la banda en Villajoyosa (Alicante). Ella, en su comparecencia, apuntó a Otegi como uno de los responsables del aparato logístico de ETA junto a su exmarido, Ormaza Corral. Y sugirió a las autoridades que, atendiendo a la zona donde se había producido el secuestro de Blanco, investigaran a Otegi, entonces dirigente de Herri Batasuna.

Fue el pasado mes de marzo cuando García Castellón acordó retomar la investigación sobre el asesinato de Blanco y lo hizo tras admitir a trámite una querella presentada por Dignidad y Justicia, que dirigía su acusación contra los jefes de la organización terrorista en el momento del asesinato: María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'; José Javier Arizcuren, 'Kantauri'; Miguel Albisu, 'Mikel Albisu'; Ignacio Miguel Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'; Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'; y Asier Oyarzabal, 'Baltza'.

El juez acordó llamar como investigados a los tres primeros y apreció de oficio la prescripción de los delitos para 'Iñaki de Rentería', una decisión que tanto la Fiscalía como el PP y DyJ le han pedido revertir. Por su parte, 'Mikel Antza' y 'Anboto' se negaron a declarar. 'Kantauri' está citado el próximo 17 de octubre.

Cabe recordar que, en el caso del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al exdirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia', como autores materiales.

En su sentencia, el tribunal aseguró que 'Txapote' y 'Amaia' «planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior asesinato, siguiendo las directrices de la cúpula de la organización terrorista ETA, que tenía entre sus objetivos más inmediatos el secuestro de un concejal del PP para exigir a cambio de su liberación el acercamiento de los presos de la banda a cárceles del País Vasco».