Begoña Gómez ya no tendrá que acudir al juzgado este lunes bajo aviso de posible detención

Esta mañana, antes de esta última decisión, la esposa del presidente Sánchez iba a afrontar la semana que viene los dos trances decisivos para el devenir de la causa por la que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, la mantiene investigada por la presunta comisión de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares en el desempeño de sus actividades profesionales. La mujer del presidente Sánchez no solo iba a tener que personarse ante el magistrado el 19 de julio, cuando está llamada a testificar después de que la primera citación, el pasado viernes, se suspendiera porque a su defensa no se le había notificado la querella del colectivo ultraconservador Hazte Oír. También iba a tener que hacerlo este lunes para asistir a la declaración del testigo clave del caso, bajo advertencia expresa de juez de que será detenida si no acude.

Así se lo había hecho saber Peinado en la cédula de citación, en la que convocaba a Gómez a su juzgado a las once de la mañana subrayándole -lo hace en mayúsculas- la «obligación» de estar presente junto a su abogado para atender a las explicaciones que ofrezca el empresario Juan Carlos Barrabés, pieza esencial en la investigación contra la esposa del jefe del Ejecutivo. Barrabés colaboró en el máster que dirigía la encausada en la Universidad Complutense de Madrid y fue quien recibió sus cartas de recomendación en julio de 2020 para los concursos en los que optaba a adjudicaciones con la Administración Pública. En concreto, con su principal compañía, Innova Next, para los contratos de Red.es, sociedad del Ministerio de Economía.

El instructor le avisaba de que debía personarse en la sala de vistas de la sexta planta de los juzgados de Plaza de Castilla y de que, si no lo hacía o no «alega causa justa que se lo impida», transformaría la citación en una «orden de detención». La escueta cédula va firmada por la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) adscrita al órgano judicial que dirige Peinado y con fecha del 17 de junio; es decir, hace tres semanas.

El documento justificaba en este caso el mandato a Gómez porque la declaración como testigo de Barrabés, prevista por vía telemática antes de su salida antes del hospital, se utilizaría como prueba preconstituida en un eventual juicio; es decir, una prevención ante el delicado estado de salud del empresario. El juez ha mantenido viva la revisión de las adjudicaciones al amigo de la investigada pese al informe de UCO de la Guardia Civil en la que ésta no observa indicios delictivos en la actuación de la mujer de Sánchez. Pero esas pesquisas sí dejaban constancia de cómo los investigadores se había percatado de que el 40% de las adjudicaciones conseguidas por el testigo, desde que se iniciara con sus negocios en 2012, se agrupa en tres adjudicaciones posteriores a las cartas a su favor cumplimentadas por Gómez. Economía desembolsó a Barrabés por esos contratos 10,6 millones de euros.

El empresario está siendo sometido a tratamiento por una severa enfermedad. A los cuatro días de la declaración este lunes de Barrabés, la esposa del líder socialista regresará a los dominios de Peinado para ser interrogada por el magistrado y las partes personadas. Como el pasado viernes, Gómez puede acogerse a su derecho constitucional a no declarar para no perjudicarse eventualmente a sí misma. Salvo nuevo aplazamiento imprevisto, la sesión culminará tres meses de vía crucis para la consultora, después de que el magistrado aceptara la querella inicial del pseudosindicato Manos Limpias, basada en distintas informaciones aparecidas en prensa, y comenzara a librar un pulso con la hoy investigada. La defensa ha remitido un último escrito en las últimas horas al instructor incidiendo en que le especifique de qué se le acusa para no convertir el procedimiento en una «causa universal»; o una causa prospectiva en las que se rastrearían pruebas para intentar cuadrar la acusación y no al revés.