Jueces y fiscales van a la huelga para reivindicar la mejora en sus condiciones laborales

Jueces y fiscales concluyen así las protestas para reclamar unas cargas de trabajo saludables, más autonomía presupuestaria del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial, entre otros asuntos, después de haber hecho cuatro paros parciales que comenzaron el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes.

A estas reclamaciones se suman el refuerzo de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial. Por su parte las asociaciones de fiscales piden la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han convocado a las 13.00 a los medios de comunicación para ofrecer datos de seguimiento de la huelga, así como de aquellos aspectos que puedan resultar de interés para la opinión público, han informado en un comunicado.

Miembros de la carrera judicial y fiscal han salido en cada uno de estos paros a las puertas de los juzgados de toda España para hacer visibles estas reclamaciones. Incluso, los nueve miembros del Consejo Fiscal y otros de la cúpula del Ministerio Público se concentraron el pasado 10 de mayo durante unos minutos para secundar la movilización.

El jueves 17 de mayo fue el último día convocado para suspender su actividad a las 12.00 horas, y según datos oficiales facilitados por las asociaciones, 1.723 jueces y 602 fiscales decidieron hacer este paro parcial. Estas cifras son similares a las del resto de días de convocatoria --teniendo en cuenta que en Galicia era festivo-- en las que casi 2.000 jueces y unos 800 fiscales respaldaron la iniciativa de las asociaciones.

A esto hay que sumar que el pasado 4 de mayo, más de 200 jueces y fiscales se concentraron ante el Ministerio de Justicia para exponer estas mismas reivindicaciones y pedir la dimisión del ministro Rafael Catalá por sus «injerencias» en la labor de estos profesionales. Días después, las asociaciones se reunieron con la secretaria de Estado Carmen Sánchez-Cortés para tratar estos asuntos y las propuestas de los representantes judiciales y fiscales.

Tras este encuentro, las asociaciones se reafirmaron en su idea de continuar con las movilizaciones, pues se quedaron con una visión «negativa» de la reunión.

Por su parte, la secretaria de Estado de Justicia señaló que, de las 14 propuestas consensuadas por las asociaciones, «una amplia mayoría está ya en trámite o en proceso de elaboración», así como que las demás están siendo objeto de «avanzado estudio».

«No hemos tenido la respuesta por parte del Ministerio de Justicia que esperábamos, que era que se atendieran nuestras peticiones», afirmó el juez decano de Málaga, José María Páez, durante el último paro. En la misma línea se manifestó el portavoz en la Comunidad Valenciana de la Asociación Francisco de Vitoria, Miguel Ángel Casañ, que dijo que las reivindicaciones no se han visto «satisfechas tras las muchas conversaciones de última hora que se han mantenido con el ministro y con el Consejo -General del Poder Judicial (CGPJ)-», entre otras administraciones.

«Estamos obligados a perseguir nuestras reivindicaciones por el bien de la justicia y por el bien de nuestra situación profesional. Seguimos adelante, nos duele de alguna forma bastante, no nos gusta en este colectivo hablar de huelgas y paros, nos repugna en cierta forma», ha lamentado.