Juan Carlos Campo, un magistrado con experiencia política

Nacido en la localidad sevillana de Osuna hace 58 años, es magistrado y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008, secretario de Estado de Justicia de 2009 a 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, como diputado por Cádiz, portavoz de justicia del PSOE en el Congreso en las tres últimas legislaturas.

El nuevo ministro es jurista pero acredita una amplia trayectoria política, a diferencia de su antecesora. Sin ser un 'sanchista' pata negra, se decantó por el hoy presidente del Gobierno en la disputa con Susana Díaz. Esta toma de partido le costó quedar excluido de las listas para las elecciones generales en 2015, pero Sánchez impuso que fuera incluido en la candidatura por Cádiz.

Tiene ante sí uno de los mayores retos del nuevo Gobierno, acordar la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, una negociación en la que el PP ya ha anunciado que no piensa colaborar a pesar de que fue una de las ofertas de pacto de Estado que Pablo Casado hizo a Sánchez antes de su investidura. El órgano de gobierno de la judicatura está en funciones desde diciembre de 2018 y cuenta con una mayoría conservadora heredada del mandato de Mariano Rajoy.

Tendrá que encontrar por tanto la fórmula para que el principal partido de la oposición cambie de criterio a fin de que uno de los pilares del sistema democrático funcione a pleno rendimiento y evitar su paralización, como ocurrió entre 2006 y 2008 por la negativa de los populares a aceptar las ofertas del PSOE. La renovación de los 20 vocales requiere una mayoría de 210 de los 350 diputados del Congreso, y sin la colaboración del PP es inviable.

No será la única tarea que deberá afrontar. La elección de fiscal general del Estado entra en el marco de sus competencias y deberá decidir si renueva el mandato de María José Segarra, nombrada hace año y medio, u opta por su sustitución. Es una decisión de calado por el relevante papel del Ministerio Público ante el desafío soberanista en Cataluña. El juicio a los líderes del procés en el Tribunal Supremo partió de una querella presentada la Fiscalía en octubre de 2017.

La reforma del Código Penal para tipificar con más precisión los delitos sexuales y el consentimiento de las relaciones, así como la derogación de la ley mordaza, ambas promesas electorales de Sánchez, figuran asimismo en su agenda inmediata.