La Guardia Civil irrumpe en la Cámara catalana en busca de facturas del 1-O

Este fue el primer tribunal de justicia que abrió una investigación penal contra el proceso secesionista. La causa judicial se puso en marcha en febrero de 2017, meses antes de los hechos de octubre, por las revelaciones del exmagistrado y exsenador Santiago Vidal sobre los preparativos del referéndum y presuntas irregularidades en el proceso secesionista. Este caso se instruye por malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos en los preparativos del 1-O. Hay unos 40 imputados, entre otros el exsecretario de la Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el exsecretario de Hacienda del Gobierno catalán, Lluís Salvadó.

La instrucción en este Juzgado de Barcelona va en paralelo al juicio del Tribunal Supremo, al juicio que comenzará en la Audiencia Nacional contra los responsables de los Mossos y el del TSJC contra cinco exmiembros de la Mesa del Parlament y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

En la operación policial de este miércoles, la Guardia Civil pidió un informe sobre la contabilidad y el control de las subvenciones públicas que reciben los grupos parlamentarios. En concreto, el grupo de Junts pel Sí de la pasada legislatura.

El juez lleva meses tratando de recabar facturas e investigando el acto que en julio de 2017 el Gobierno catalán y los partidos soberanistas celebraron en el Teatro Nacional de Cataluña para presentar la ley del referéndum, que se aprobó en la Cámara catalana el 6 de septiembre de ese año. En el acto del TNC de julio de 2017, intervinieron Carles Puigdemont y Oriol Junqueras como presidente y vicepresidente de la Generalitat, así como Jordi Turull y Marta Rovira como jefes de filas de Junts pel Sí, coalición en la que estaban integrados ERC y Convergència. Días después del acto, la Guardia Civil se presentó en el TNC para reclamar información sobre la organización del mismo.

Junts pel Sí asumió la organización y aseguró que el alquiler de la sala costó unos 17.000 euros pero desvinculó al Gobierno catalán. La Guardia Civil sospecha que el grupo parlamentario de JxSí pudo pagar el mitin del TNC con las subvenciones públicas que recibía. El juez instructor busca pruebas para determinar si el Gobierno catalán malversó fondos públicos en la organización del referéndum. Un asunto que está sobre la mesa en el juicio del Supremo contra los líderes del 'procés'. De hecho, muchos de los informes realizados por la Guardia Civil para el juzgado 13 de Barcelona, sobre todo los que tienen que ver con la organización del 1-O, sirvieron de base para procesar a los 12 acusados hoy sentados en el banquillo. Entre otros, el documento Enfocats, que la Fiscalía utiliza como acusación en el juicio, pues supone una suerte de hoja de ruta hacia la independencia, así como también la agenda personal de Jové. Se sospecha que el dinero malversado podría ascender a 1,9 millones.

El juzgado 13 fue también el que ordenó el registro de la Consejería de Economía el 20-S de 2017, el día de la manifestación supuestamente tumultuaria, o el que ha ordenado registros en las sedes de la ANC y Ómnium Cultural.