Las grandes comunidades rechazan la «cogobernanza» y el estado de alarma
El Gobierno inyectará 6.000 millones de euros a las comunidades de forma inmediata en la primera fase del fondo de reconstrucción
Faltan solo dos días para que el Gobierno intente prorrogar por cuarta vez el estado de alarma en el Congreso mientras no para de crecer ... el número de voces que se alzan en contra de mantenerlo como sostén legal de las medidas de desescalada. Ayer, en la octava reunión del presidente, Pedro Sánchez, con los líderes autonómicos desde el inicio de la crisis sanitaria, los principales barones del PP y los nacionalistas rechazaron el nuevo proyecto de «cogobernanza» diseñado desde Moncloa y exigieron recuperar las competencias sanitarias perdidas el pasado 14 de marzo, cuando la gestión de la epidemia se unificó bajo el mando de los ministerios de Sanidad, Defensa, Interior y Movilidad Urbana. Una demanda que ya habían realizado en otras ocasiones, pero que esta vez se produce en el mayor momento de debilidad política del Ejecutivo desde que saliera adelante la investidura el pasado enero.
Mientras Sánchez y sus ministros reiteran que el único camino para finalizar con éxito la desescalada es mantener el estado de alarma -«no hay plan B» es la consigna a transmitir-, algunos presidentes autonómicos creen que existen otras alternativas legales. Una de ellas pasa por basar el plan en la legislación ordinaria, como defendió el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, que considera «desproporcionado» mantener el marco actual. Crítica a la que se le sumó su compañera y presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
LAS CLAVES
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No reembolsable El Gobierno insiste en que los 16.000 millones de euros no son un préstamo, sino «transferencias que no se tienen que devolver».
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Daños El fondo se repartirá entre las comunidades en relación al impacto de la epidemia.
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Requisitos Las regiones deberán garantizar entre 1,5 y 2 camas UCI por cada 10.000 habitantes para avanzar de fase.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, tampoco comparte la estrategia del mando único. Durante la reunión le pidió a Sánchez que se replanteara la toma de decisiones y también exigió el fin del estado de alarma porque considera que «existen otros instrumentos para gestionar la excepcionalidad del momento». Su posición preocupa especialmente en Moncloa, ya que desde el PNV, socio preferente de la investidura, advierten de que podrían cambiar su voto el próximo miércoles para rechazar la prórroga. El president de la Generalitat, Quim Torra, repitió otro domingo siendo el más crítico con la estrategia gubernamental. Además de proponer el rechazo parlamentario al estado de alarma, volvió a insistir en que la centralización de la gestión «ha sido un fracaso» y se sumó a la propuesta de Urkullu de usar la «fórmula alemana», país en el que cada lander es libre de implementar sus propias medidas sanitarias.
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, se sumó a las peticiones de los otros presidentes, aunque concretó que para él el estado de alarma no debía prolongarse más allá de finales de mayo.
Pero el Gobierno no tiene intención, por ahora, de modificar el modelo actual de gestión y trata de ganarse la confianza de las autonomías con dos herramientas. La primera es el fondo de recuperación no reembolsable que ya anunció el pasado sábado y que estará dotado de 16.000 millones de euros. Este se dividirá en 10.000 millones que irán destinados a compensar los gastos extraordinarios en Sanidad de cada región, otros 1.000 para gastos sociales provocados por la crisis y 5.000 más para fomentar la recuperación económica que, en palabras de Sánchez, se prolongará «hasta 2023», año en el que finaliza la presente legislatura.
Su reparto, que se basará en criterios como el impacto del coronavirus en cada región, se dividirá en tres fases: la primera, dotada de 6.000 millones, estará disponible «a corto plazo», y las otras dos entregas se realizarán en la segunda parte del año.
UCI para avanzar de fase
La segunda herramienta es un mecanismo de «cogobernanza» por el que se podrán negociar, la división territorial de las áreas que irán avanzado en la desescalada. Sin embargo, Sanidad fija como de «obligado cumplimiento» que estas regiones garanticen entre 1,5 y 2 plazas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes para cambiar de fase. Y no debió explicarse claramente cuando no se quisieron sumar las comunidades. El presidente de Andalucía dijo no saber a qué se refería Sánchez.
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