El Gobierno pretende que se considere delito hacer apología del franquismo

En una respuesta por escrito con fecha de 11 de octubre a una pregunta del senador de Compromis Carles Mulet, el Gobierno subraya que en la reforma de la ley «se incluirán las modificaciones legales oportunas, para que se declaren ilegales las Asociaciones y Fundaciones que realicen apología del franquismo, e igualmente se está estudiando la modificación del artículo 510 del Código Penal para incluir dicha apología como delito».

Mulet preguntaba concretamente al Gobierno sobre qué haría con las siguientes fundaciones: Fundación las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, Fundación José Antonio Primo de Rivera, Fundación Yagüe, Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, Fundación Blas Piñar, Fundación Ramiro Ledesma Ramos, Fundación Nacional Francisco Franco y la Fundación Serrano Suñer.

Destaca la pregunta sobre la Fundación Nacional Francisco Franco, ya que, según detalla en la cuestión el senador, no habían presentado las cuentas de 2008 a 2010, ni de 2002, ni de 2003. A esto, el Ejecutivo señala en su respuesta del 15 de octubre que, «si en las actividades que desarrolle la fundación se encontraran por el Protectorado de Fundaciones indicios racionales de ilicitud penal, se daría traslado de los mismos al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente».

Asimismo, el escrito del Ejecutivo recalca que «si se advirtiera una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, se podría solicitar de la autoridad judicial la intervención temporal de la fundación».

Además, el Gobierno responde al senador del Grupo Mixto que el Ministerio Cultura y Deporte «es el competente en materia de Protectorado de Fundaciones» y que «no puede dar información que afecte a la privacidad de una determinada fundación». Mulet ha lamentado esta respuesta por «contradictoria» y desde Compromis destacan que el Gobierno de Mariano Rajoy sí que informó puntualmente siempre que se le pregunto sobre esas fundaciones.

Recuerdan también desde el Ejecutivo que la Ley de Fundaciones «atribuye al Poder Judicial, y no al Gobierno, la extinción de una fundación cuando concurran las causas establecidas en las leyes».