El Gobierno y el Poder Judicial se enzarzan en una «guerra relámpago» de varios frentes

El 'casus belli', y en eso sí que están de acuerdo todos los contendientes, ha sido la decisión de Pedro Sánchez de proponer (aunque en realidad es un nombramiento porque ninguna institución puede bloquearlo de facto) a Dolores Delgado para dirigir la Fiscalía General del Estado. No es su currículum lo que ha provocado la rebelión de todas, absolutamente todas, las asociaciones judiciales, con independencia de su adscripción, y de casi todas las asociaciones de fiscales, excepto la Unión Progresista de Fiscales, de la que fue destacado miembro la candidata. Lo que ha provocado el 'alzamiento en armas' en los tribunales ha sido el hecho de convertir a una ministra de Justicia y diputada socialista en fiscal general, directamente, sin escalas intermedias. Sin siquiera guardar las formas.

Nunca antes un nombramiento para dirigir el Ministerio Público, que siempre venían provocando polémica, había causado un enfrentamiento de tal calado. Un choque de la envergadura hasta el punto de el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se negó a certificar la «idoneidad» de Delgado para el puesto. Siete vocales directamente votarán en contra de su designación. Y todo ello, a pesar de que la exministra cumple con los requisitos legales para hacerse con las riendas del Ministerio Público.

Según relatan magistrados que el jueves estuvieron en la tensa reunión en la que se aceptó a regañadientes dar el plácet a Delgado, ni los jueces más progresistas se atrevieron a defender su candidatura, sabedores de que su simple designación ya borraba de un plumazo la necesaria apariencia de imparcialidad de un puesto así.

Según explican destacados miembros del Poder Judicial de uno y otro signo, el enfado de los togados no es solo con este Gobierno, sino con el «empeño» de la clase política de interferir en los tribunales y, sobre todo, por la «desfachatez» con que varios políticos hablan ya sin tapujos de sus maniobras.

Muchos sitúan los orígenes de la actual crisis en noviembre de 2018, con en el famosísimo whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose antes sus correligionarios de que con el acuerdo que habían cerrado con el PSOE para renovar el Poder Judicial, los populares iban a «controlar la Sala Segunda (del Supremo) desde detrás».

Aquella demoledora confesión, por la que nunca nadie pidió perdón, no solo hizo que Manuel Marchena renunciarse a presidir el Supremo y el CGPJ y que saltara por los aires también el propio acuerdo, sino que abrió una herida en el Poder Judicial, que lejos de cerrarse, se ha venido agrandando por otras desafortunadas declaraciones más recientes.

En los oídos de los togados retumban todavía las aseveraciones de Pedro Sánchez durante la pasada campaña electoral presumiendo de la «dependencia» de la Fiscalía del Gobierno a cuenta de su promesa de traer a España a Carles Puigdemont.

Sánchez no rectificó como tampoco lo ha hecho su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Sus palabras el pasado martes en una entrevista hablando de la «humillación» para España que han supuesto los varapalos de los tribunales europeos a la justicia española durante el 'procés' fueron demasiado para el Poder Judicial. Ya llovía sobre mojado, porque los jueces estaban enojados por la supuesta tibieza del Ejecutivo socialista, en particular de Delgado, a la hora de defender el buen nombre en Europa de los tribunales nacionales, hasta el punto de que la futura fiscal general rechazó que el Gobierno se hiciera cargo de la defensa en Bélgica del instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, cuando éste fue denunciado por Carles Puigdemont.

El pasado miércoles se subieron varios peldaños en esta escalada bélica. Algunos nunca vistos antes a pesar de que las declaraciones de Iglesias no eran, ni mucho menos, las peores que un responsable político ha hecho en los últimos meses sobre la justicia. La Comisión Permanente del CGPJ, por unanimidad, aprobó una resolución exigiendo «moderación, prudencia y mesura» a Iglesias y reclamándole que se abstuviera de hacer una «utilización política de la justicia o cuestionar su independencia».

Es cierto que la resolución contra Iglesias no es algo inédito. El GCPJ ya había abroncado por el mismo método a los ministros del Interior Jorge Fernández Díaz (en 2015) y a Rafael Catalá (2017), pero lo que no había sucedido nunca antes es que se desatara un casi pueril enfrentamiento de 'tú más' entre dos de los tres poderes del Estado a través de comunicados oficiales 'vía Whatasapp... Que si el Gobierno insinuó que el GCPJ se alineaba con la derecha para el «bloqueo» de la renovación del órgano de gobierno de los jueces... que si el CGPJ recordó a Sánchez que el Poder Judicial hasta en tres ocasiones se había dirigido a Moncloa para pedir la renovación...