El Gobierno logra el aval indirecto del Congreso a los indultos

Los populares quisieron forzar la semana pasada un debate sobre los indultos sabedores de que la medida cuenta, según las encuestas, con el rechazo mayoritario de la sociedad. Pero la fórmula elegida para ejercer su función de control al Gobierno, una interpelación al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, permitió ayer a los socialistas anotarse un tanto. Las interpelaciones dan lugar a mociones, es decir, a textos que se debaten y votan en plenos posteriores. Y la que se derivó de aquel cuestionamiento se debatió el martes a última hora de la noche, pero se votó este miércoles a mediodía, después de una bronca sesión de control.

Que los socialistas no han dejado de ser conscientes de que los indultos pueden tener un alto coste político se puso de manifiesto en la intervención del diputado que los representó en el debate. Felipe Sicilia no sólo se dirigió a su electorado sino también a sus compañeros de partido. A los primeros, les pidió «confianza» en que no se rebasará nunca la Constitución. «Dijimos sí al Estatut en el año 2006 porque se hizo desde el diálogo y con la ley, y dijimos no a un referéndum de autodeterminación en Cataluña porque sencillamente era ilegal», dijo. A los segundos, les reclamó «valentía».

Aun así, en el Gobierno creen que el tiempo y la recuperación económica que vendrá de la mano de los fondos europeos -la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció ayer en Madrid el visto bueno al plan del Ejecutivo- ayudarán a hacer digerible lo que hoy es percibido por muchos ciudadanos y por las formaciones del centro a la derecha como una cesión al independentismo destinada no ya a favorecer la resolución del conflicto catalán, como asegura Sánchez, sino únicamente a garantizar su permanencia en el poder. Y el resultado de la manifestación del pasado domingo en la plaza de Colón les ratifica en esa impresión.

Sánchez aprovechó ayer, de hecho, la pregunta de Pablo Casado en la sesión de control para meter al PP el dedo en la llaga a cuenta de las palabras que, antes de la concentración, pronunció Isabel Díaz Ayuso sobre el lugar en el que quedará el Rey si firma los indultos, algo a lo que está obligado constitucionalmente y que, también según la Carta Magna, en ningún caso le haría responsable de la decisión. La insistencia de la presidenta de Madrid en un argumento que pone en el disparadero al jefe de Estado inquieta a la dirección nacional de su partido y el jefe del Ejecutivo es plenamente consciente de ello, por eso lo utilizó como contraataque.

El Gobierno tiene intención de aprobar los indultos lo antes posible para minimizar el desgaste y ya ha dado pistas de que podría hacerlo el próximo martes 22, la fecha más probable, o el 29. Pero entre tanto no cabe ninguna duda de que el asunto seguirá monopolizando buena parte de la discusión política. En ese sentido, la moción del PP sirvió de anticipo del debate que probablemente tenga lugar el 7 de julio cuando, con la medida de gracia ya concedida y después de haber recibido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la Moncloa, Sánchez pretende abordar 'motu proprio' el asunto ante el pleno.

El único socio habitual del Ejecutivo que se desmarcó del gesto que permitirá tanto a Oriol Junqueras y otros ocho dirigentes independentistas abandonar la prisión fue el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón. Salvo Unidas Podemos, los partidos minoritarios de la izquierda no intervinieron, aunque ya en otras ocasiones han dado su apoyo al Gobierno. Y también lo hicieron los partidos secesionistas y el PNV.

La portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, adoptó, en todo caso, un tono crítico de advertencia tanto al Ejecutivo como a Esquerra. «Los que crean o expliquen que el conflicto va camino de resolverse es que no han entendido en absoluto cuál es el verdadero problema, y los que crean o expliquen que portándonos bien nos van a tratar un poco mejor, mienten», dijo.

También en el bloque de la derecha surgieron grietas. Vox votó a favor del texto del PP, pero no se ahorró un zarpazo. «¿Qué hizo el Partido Popular cuando había un golpe de Estado en Cataluña? Aplicar un 155 de pacotilla para salir corriendo a los pocos días y convocar unas elecciones que le dieron más fuerza al separatismo, en vez de hacer una verdadera intervención de la comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución», dijo el secretario general de la formación ultraderechista, Javier Ortega Smith.