El Gobierno contrata un bufete belga por la demanda contra el juez Llarena

El Ejecutivo ha indicado en un comunicado que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial «hasta este momento» en relación a la demanda contra el juez del Tribunal Supremo para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones «de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española» que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.

Llarena, instructor de la causa abierta por el «procés», debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada allí contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que alegó que no respetó su derecho a la presunción de inocencia.

«El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo», ha especificado el Gobierno.

El magistrado -recuerda la nota- solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial que, en Comisión Permanente, resolvió trasladar al Gobierno el pasado día 21 su petición para la adopción de «las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica».

Y «de manera inmediata», según el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia puso dicha petición en manos de la Abogacía del Estado para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente al Reino de España ante los tribunales belgas.

«El Gobierno ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente», recalca la nota.

Este comunicado se produce después de que durante el fin de semana distintas asociaciones de jueces y fiscales, así como los partidos políticos, se hayan pronunciado sobre este asunto, en su mayoría reclamando al Gobierno que asumiese la defensa de Llarena.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales acusaron el pasado viernes al Ejecutivo de «dejación de funciones» en un comunicado conjunto en el que exigieron que asumiese la defensa de Llarena.

Estas asociaciones profesionales reaccionaron así después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurara que, aunque el Ejecutivo iba a defender la jurisdicción de España en la demanda civil contra el juez, el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial. Tras el comunicado conjunto publicado el viernes, la Unión Progresista de Fiscales instó este sábado al Estado a personarse en el procedimiento abierto en Bélgica para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles.

Finalmente, hoy Juezas y Jueces para la Democracia ha considerado que la actuación del Ministerio de Justicia en el procedimiento abierto en Bélgica a raíz de la demanda civil de Puigdemont contra el magistrado es «correcta y ajustada a derecho». Partido Popular y Ciudadanos también han reclamado al Gobierno a lo largo del fin de semana que actuase en defensa del magistrado y anunciaron peticiones de comparecencia e iniciativas parlamentarias en este sentido.