El Gobierno busca una salida al rey emérito pero deja la decisión en manos de Felipe VI

El Gobierno sigue el rumbo fijado por Pedro Sánchez para aislar las actividades de Juan Carlos de Borbón de la labor institucional del Rey. Todos los ministros repitieron este jueves el guion de diferenciar los negocios del padre de la trayectoria del hijo, ensalzar el papel de los medios de comunicación al informar del asunto tras de años de silencio y dejar la investigación en manos de la Fiscalía del Supremo. Al mismo tiempo, los servicios jurídicos, en contacto con la Casa del Rey, buscan fórmulas legales para atajar la crisis.

En la Moncloa esperan que el emérito «coopere» para resolver una situación que cada día se vuelve más insostenible, pero existe el temor de que aparezcan nuevas informaciones sobre la fortuna oculta del exjefe del Estado que agraven la crisis. También juega a favor de una solución rápida la posibilidad de que la Fiscalía solicite en las próximas semanas al Tribunal Supremo la apertura de una causa penal, un paso que sería un mazazo para la Corona.

La tesis de que el exjefe del Estado abandone la Zarzuela, donde reside junto al resto de la Familia Real a pesar de haber abdicado el 14 de junio de 2014, o incluso que se traslade a vivir fuera de España ha vuelto a estar sobre la mesa. Son alternativas que se han barajado desde que el pasado 15 de marzo Felipe VI rompiera con su padre al conocerse su fortuna oculta en paraísos fiscales y la forma en que la amasó.

La Casa del Rey está en estrecho contacto con la Moncloa, y así lo reconocen fuentes gubernamentales. En la Zarzuela, en cambio, el hermetismo es absoluto. Las medidas que se adopten serán responsabilidad de Felipe VI. La vicepresidenta primera, al timón de la operación, explicó este jueves antes de participar en un acto en Salamanca que la decisión que se adopte «compete fundamentalmente al jefe de la Casa Real, que es el rey Felipe VI».

El papel del Gobierno, prosiguió Carmen Calvo, es trabajar «para que las instituciones funcionen de forma democrática», mientras «la institución de Felipe VI hace su trabajo constitucional de manera perfecta».

Entretanto, el presidente del Gobierno lanzó a la arena del debate político la propuesta de una reforma constitucional para limitar los aforamientos ante la justicia, incluidos los del Rey y su familia, a los actos realizados en el ejercicio de su cargo. Lo hizo en una entrevista concedida a eldiario.es e Infolibre, en la que Pedro Sánchez defendió «una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos para que estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no a otra. Por tanto, si eso lo defiendo para cualquier cargo público, lógicamente también para el jefe del Estado». La Constitución, añadió, «tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades».

Sánchez cree que Felipe VI comparte este planteamiento. Ya en 2018 dijo estar «convencido» de que el monarca estaba de acuerdo con este cambio, que afectaría al artículo 56.3 de la Constitución y que establece que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». La propuesta de Sánchez, sin embargo, es más efectista que consistente.

Un cambio de este calado requiere una reforma agravada de la Constitución, un camino inexplorado y de muy larga duración. Se exige la mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado para iniciar la tramitación, la posterior disolución de las Cortes, convocatoria de elecciones generales, aprobación de nuevo por mayoría de dos tercios de las nuevas Cámaras y la celebración de un referéndum.

La envergadura de la reforma exige, de entrada, el acuerdo de PSOE y PP, pero los populares se desmarcaron este jueves mismo. Desde la dirección del partido achacaron a «intereses electorales» la propuesta de Sánchez sobre la inviolabilidad del rey emérito. La gente «no está en estas cosas», subrayaron fuentes del partido opositor.