El Gobierno apura las horas para salvar la tramitación de los Presupuestos

No es nada nuevo. El tira y afloja del Ejecutivo con los partidos que hasta ahora le han garantizado la sostenibilidad se repite prácticamente en cada proyecto de ley. Y, en alguna ocasión, como la reforma laboral, incluso se ha llegado a rozar el alero. Pero esta ocasión existe una motivación extra. No volverá a haber una oportunidad tan clara de poner en jaque a Pedro Sánchez en lo que queda de legislatura ni de sacar pecho de cara a unas elecciones, las municipales del 28 de mayo, en la que todos los actores implicados se juegan mucho.

El caso de Esquerra es, además, especialmente delicado. La ruptura del Gobierno de coalición con Junts le obliga a obtener réditos que puedan neutralizar las críticas por su tibieza en la causa independentista. Así que además de avances en la ley de vivienda, empantanada desde hace diez meses en la Cámara baja, la formación que dirige Oriol Junqueras lleva semanas demandando algún tipo de compromiso respecto a la reforma del delito de sedición.

Fue el propio Sánchez el que al inicio de la legislatura puso sobre la mesa esa medida, que podría aliviar significativamente las penas de implicados en el 'procés' como el expresidente Carles Puigdemont o la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huidos de la justicia, pero entonces eran los republicanos los que no terminaban de verla como solución y el jefe del Ejecutivo acabó optando por los indultos a los condenados del 1-O. Meterse de nuevo en ese pantanoso terreno podría plantear problemas a los socialistas en comunidades clave a apenas medio año de las autonómicas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio a entender este jueves, que ve posible cambiar el proyecto de la ley de vivienda (algo a lo que, en cambio, se negó durante la negociación de las Cuentas en el seno de la coalición con Unidas Podemos). Sin embargo, dio largas a la modificación del Código Penal. «Siempre hablamos de leyes en tramitación», adujo. No es que el Gobierno cierre del todo la puerta a reabrir el debate sobre la sedición, pero rechaza vincularlo a los Presupuestos.

Las cosas con el PNV e incluso con Bildu, competencia entre sí en el País Vasco, parecen menos peliagudas. El presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, afirmó abiertamente este jueves que su objetivo es simplemente «negociar lo mejor posible» para no tener que presentar hoy una enmienda a la totalidad. Según adelantó el diario 'El Correo', ya ha logrado arrancar al Ejecutivo la transferencia del servicio ferroviario de Cercanías, uno de los últimos traspasos pendientes del Estatuto sobre el que se llevaba tiempo trabajando. Pero habrá más. Bildu, por su parte, asegura que negocia sin líneas rojas y que solo persiguen «medidas sociales y económicas ambiciosas que beneficien a los sectores más desfavorecidos» (lo que puede incluir la ley de vivienda), e inversiones para el País Vasco.

Por sí solo, en cualquier caso, ni el PNV (6 diputados) ni Bildu (5) ni siquiera Esquerra (13) tienen ya, en este momento, fuerza suficiente para tumbar los Presupuestos. Y lo saben. Para rechazar las enmiendas a la totalidad basta una mayoría simple. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya ha asegurado el respaldo de 159 de los 350 diputados de la Cámara (PSOE, UP, PdeCAt, Más País, Compromís, CC, BNG, PRC y Teruel Existe) frente a los 166 del PP, Vox, Cs, Junts, CUP, los expulsados de UPN y el exdiputado del partido de Inés Arrimadas, Pablo Cambronero.

La ministra de Hacienda se mostró confiada este jueves en que no habrá otras enmiendas de devolución. En Moncloa lo fían todo a que tener unas nuevas Cuentas no solo es deseable para ellos sino también para cualquiera que esté al frente de una administración pública en este momento . Y eso incluye a un presidente de la Generalitat que pretende gobernar en minoría.