Galicia no descarta la vía de los tribunales para exigir su financiación

Ambos gobiernos vienen reclamando desde hace tiempo las cuantías aún no transferidas tras el fracaso de los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio de Hacienda, sin embargo, se apoya en un informe de la Abogacía del Estado y, aunque contempla desligar los anticipos y la aprobación de las cuentas, argumenta que la operación sólo podrá realizarse cuando el Gobierno deje de estar en funciones. Un planteamiento que ayer no disuadió al Ejecutivo gallego en su reclamación.

«Necesitamos ya poder seguir financiando servicios públicos con cargo a esos recursos que el Gobierno de España tiene retenidos», advirtió el secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, sin ligar por ello su reclamación a la de Cataluña. «Cada comunidad tiene su propia iniciativa –defendió–, (…) no se tata de sumarse a una causa».

En realidad, entre los Ejecutivos del PP despierta recelos la procedencia de la oferta para aunar fuerzas en los tribunales. Desde la Comunidad de Madrid, el Gabinete de Isabel Díaz Ayuso no considera que el compañero de viaje sea el más indicado. El consejero de Hacienda puso hoy énfasis en la contradicción de que el independentismo recurra en reivindicación de su dinero al mismo sistema judicial del que reniega. Esto no significa, en todo caso, que el Gobierno madrileño renuncie a exigir al de Pedro Sánchez las cuantías no transferidas, que cifra en 1.237 millones de euros.

«La Comunidad de Madrid ha reclamado y va a seguir reclamando mediante una carta al presidente del Gobierno lo que es la financiación ordinaria que debería estar llegando ya a todas las comunidades autónomas y, desde luego, a Madrid –avanzó Javier Fernández-Lasquetty en una entrevista en Es Radio–, pero no lo haremos de la mano de la Generalitat de Cataluña, no lo haremos de la mano de quienes quieren destruir España».

Tampoco los gobiernos de Castilla y León, Andalucía y la Región de Murcia, en manos, como el madrileño, de PP y Ciudadanos se han planteado transitar la senda de la Generalitat y recurrir. «No es el momento de hacer seguidismo de una propuesta de quien más pone en peligro el mantenimiento del estado de bienestar y de la financiación de las comunidades», replicó el vicepresidente y portavoz de la Junta castellanoleonesa, Francisco Igea, del partido liberal. Aun así, y pese a que el Ejecutivo autonómico no contempla ahora mismo acudir a los tribunales, optó este jueves por no descartar «nada».