La Fiscalía prorroga hasta junio la investigación al rey emérito

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado precisamente este jueves un decreto para dar más tiempo al teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, responsable del equipo investigador formado por tres fiscales más y peritos de la Agencia Tributaria. Fuentes jurídicas recalcan que si bien el horizonte se extiende hasta junio no se tiene por qué agotar el plazo. No obstante, se da por hecho que antes de navidades no habrá novedades, por lo que don Juan Carlos seguirá estando investigado y pasará la festividad en su retiro voluntario de Abu Dabi, donde llegó en agosto de 2020.

La semana pasada, desde el grupo investigador liderado por Campos y el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya se avanzó que antes de tomar una decisión final sobre las diligencias, que están abocadas a su previsible archivo, esperarían a tener sobre la mesa los documentos solicitados al fiscal suizo Yves Bertossa a través de una comisión rogatoria.

En concreto, se trata de unas aclaraciones relativas a movimientos de fondos de cuentas vinculadas al rey emérito en los ejercicios 2015 y 2016. Unos periodos en los que una posible defraudación fiscal no habría prescrito. Por este motivo, ya entonces los investigadores no descartaban elevar decreto motivado a la fiscal general solicitando esta prórroga.

Desde el verano pasado se vienen filtrando datos sobre la marcha de las diligencias. El objetivo es allanar el terreno para amortiguar el impacto que supondrá en la opinión pública el archivo de las tres líneas de investigación abiertas. La explicación se encontraría en que algunos de los delitos confirmados habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable (hasta su abdicación en 2014), que otros habrían prescrito y, en tercer lugar, la falta de indicios para probar otros hechos investigados.

Las dos regularizaciones fiscales realizadas en este tiempo, por una cuantía superior a los cinco millones de euros, también han ayudado a la defensa del padre del rey Felipe VI.

Cabe recordar que las pesquisas sobre la fortuna y las sociedades del exjefe del Estado se han extendido ya durante un año y medio. Un periodo inusual para unas diligencias prejudiciales. En concreto, la Fiscalía del Supremo indaga tres asuntos: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca (Arabia Saudí) a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros vinculadas al anterior monarca en la isla de Jersey, un paraíso fiscal británico.

Por regla general, las diligencias de investigación terminan con la interposición de una denuncia o querella (en el caso del emérito ante la Sala Segunda del Supremo por su condición de aforado), acumulando las pesquisas a otras existentes o archivando las mismas. En este caso se requiere un decreto motivado para explicar esta decisión.

En septiembre pasado se tuvo conocimiento de que la Fiscalía del Supremo notificó al rey emérito en junio, noviembre y diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna en el extranjero. Esos tres avisos llegaron a la defensa del que fuera monarca hasta 2014 y en ellas se le invitaba a personarse. Esta circunstancia ha generado cierta controversia entre colectivos de funcionarios de Hacienda, que consideran que cualquier regularización posterior queda bloqueda si existe una notificación anterior de la investigación.