La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para el expresidente del Parlament

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio hace tres semanas por concluida la instrucción contra los cuatro miembros secesionistas de la anterior Mesa del Parlament, incluido el expresidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, a los que dejó a un paso de ir a juicio por desobediencia al Tribunal Constitucional.

La magistrada María Eugenia Alegret dio traslado a las partes para que presentaran sus escritos de acusación y apertura de juicio oral o solicitaran el archivo de la causa. La Fiscalía considera que tienen que se sentarse en el banquillo y que tendrían que ser condenados pues entiende que Roger Torrent y los miembros secesionistas de la anterior Mesa del Parlament ignoraron presuntamente los avisos del Tribunal Constitucional y admitieron a trámite y permitieron el debate en el pleno de la Cámara catalana propuestas de resolución que reprobaban la monarquía y se comprometían a ejercer la autodeterminación. Para Josep Costa y Eusebi Campdepadrós reclama la misma pena que para Torrent. En el caso de Adriana Delgado, la condena que pide el Ministerio Público es de un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros. Según la Fiscalía, actuaron con voluntad consciente de infringir el mandato de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Fueron dos mociones, tramitadas una semana después de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés'. Una afirmaba que el Parlament «reitera y reiterará tantas veces como quieran los diputados la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político» y la otra decía que el «Parlament reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados la reprobación de la monarquía».

Según la magistrada instructora del caso, «existe una apariencia razonable y suficiente de que los investigados pudieran haber cometido uno o varios delitos de desobediencia grave», según expresó en el auto de puso fin a la investigación. A su juicio, los anteriores miembros de la Mesa actuaron con «desprecio a la legalidad constitucional», pues estaban previamente advertidos por el Tribunal Constitucional, incluso con las consecuencias penales pertinentes, que no podían admitir a trámite para su votación «propuestas de resolución parlamentarias con trascendencia jurídica» que eran análogas a otras anuladas anteriormente por el propio Constitucional.