La Fiscalía pide hasta 62 años de prisión a los ocho procesados por las agresiones de Alsasua

El Ministerio Público imputa cuatro delito de lesiones terroristas, penado cada uno de ellos con 12 años y medio de prisión, según el Código Penal, y otro de amenazas terroristas, la misma pena, a Ohian Arnanz, de 21 años. En total 62 años y medio de prisión. A otros seis procesados, Jokin Unamuno (23 años), Jon Ander Cob (20), Julen Goicoechea, (21), Adur Ramírez de Alda (22), Aratz Urrizola (22) e Iñaki Abad (31) les reclaman 50 años de prisión a cada uno por cuatro delitos de lesiones terroristas (tipo penal endurecido en la reforma del Código Penal de 2015 para combatir el yihadismo). Finalmente, a Ainara Urquijo, de 22 años, le atribuyen un delito de amenazas terroristas, penado con 12 años y medio de prisión. En total, 375 años de prisión entre todos.

En su escrito provisional de calificación, el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals también solicita a la Sala de lo Penal penas subsidiarias a los siete primeros procesados que van desde los 28 años y medio a los 16 años de prisión. Asimismo, reclama a todos ellos 20 años de inhabilitación absoluta y cinco más de libertad vigilada una vez hayan cumplido la condena. Por la vía de la responsabilidad civil, los siete primeros procesados citados con anterioridad deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria con 41.100 euros a los cuatro presuntos agredidos: el teniente y el sargento de la Guardia Civil y sus respectivas parejas, por lesiones y secuelas por los daños morales derivados de la agresión.

El fiscal justifica sus petición de penas después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal confirmara el procesamiento de los acusados, a quien la juez instructora Carmen Lamela atribuyó un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio.

En opinión de la sala, "no resulta descartable, sino todo lo contrario" que los procesados por las agresiones cometieran un delito de naturaleza terrorista. "Con la información acumulada no podemos considerar los graves actos de la madrugada del 15 de octubre como una simple agresión y, mucho menos, como una pelea de bar", especificaron los magistrados.

Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel respaldaron la decisión de Lamela y precisan que no se puede obviar el contexto verdaderamente opresivo que existe en la localidad y el "grave rechazo" que produce en los atacantes la presencia de la Guardia Civil en Alsasua, "donde incluso existe un movimiento que preconiza su expulsión y su aislamiento social".

El tribunal mencionó dos autos de la juez que hacen referencia al clima de presión y hostigamiento que relacionan -haciendo referencia a distintas declaraciones de testigos- con el movimiento 'Ospa Mugimendua' y la campaña 'Alde Hemendik'. Aseguraron que estas iniciativas "pretenden condicionar la vida de los Guardia Civiles y sus familias para crear una situación de temor y dificultad" en sus vidas cotidianas.

El objetivo es lograr que los agentes allí destacados pidan su traslado de destino ante el aislamiento social al que son sometidos por sus vecinos, agregan los escritos. Por todo ello, los magistrados se oponen a la petición de las defensas de que las actuaciones se remitan al Juzgado de Instrucción de Pamplona que investigó e inicio los hechos, al no tratarse, en su opinión, de un delito terrorista. Sin embargo, el Tribunal Supremo resolvió el conflicto de competencias en favor de la Audiencia Nacional al ver indicios de un delito terrorista.

Según el relato realizado por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, el teniente y el sargento de la Guardia Civil se encontraban, de paisano y fuera de servicio, realizando unas consumiciones en el bar Koxka de Alsasua cuando, alrededor de las 3:15 de la madrugada entró en el bar uno de los detenidos acompañado de una menor y se dirigió al segundo para decirle que no tenía derecho a estar allí.

En este momento intervino el teniente, diciéndole que les dejara en paz, pese a lo cual insistió en su actitud. Entre tanto se fueron acercando entre veinte y veinticinco personas que les rodearon y comenzaron a amenazarles e insultarles con expresiones como "esto os pasa por venir aquí", "tenéis lo que os merecéis", "iros de aquí", "hijos de puta", "cabrones fuera de aquí", "perros", "putos pikoletos", "txakurras", "alde hemendik (fuera de aquí)" "utzi pakean" (dejadnos en paz), para a continuación "comenzar a golpearles".

Los agentes y sus parejas intentaron entonces abandonar el bar y ya en la calle se encontraron con otro grupo de entre quince y veinte personas que junto con los anteriores continuaron insultándoles y golpeándoles hasta que llegaron los agentes de la policía foral, según la juez. La agresión les provocó múltiples contusiones y uno de los dos agentes resultó herido en el labio superior y se fracturó un tobillo.