La Fiscalía española abre diligencias sobre la invasión de Ucrania

La máxima responsable del Ministerio Público ha puesto al frente de la labor de recopilar y ordenar las pruebas con vistas a hipotéticos futuros procedimientos al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, a quien faculta para «concretar la entidad delictiva de los hechos y practicar cuantas diligencias sean necesarias».

Según la Fiscalía, estas diligencias tienen como «objeto fundamental comprobar los aspectos determinantes de la jurisdicción, preservar los elementos del delito, poder señalar, en su caso, a las personas responsables y a las víctimas, garantizar la integridad de los elementos de prueba, constituir vía adecuada para canalizar la cooperación internacional y la asistencia mutua que pueda ser demandada, así como transmitir y recibir información».

Delgado, en la exposición de hechos que fundamenta la apertura de estas diligencias, da por sentado que hay indicios delictivos, ya que la invasión de Ucrania no solo es «un acto de guerra injustificado», sino que viola la soberanía del país y origina otras graves violaciones de del Derecho Internacional Humanitario según los Convenios de la Haya de 1899 y 1907, los Convenios de Ginebra de 1949 y el protocolo adicional I de 1977, que extiende la protección a la población civil.

La Fiscalía entiende que la actuación de la Federación de Rusia y de sus dirigentes «en modo alguno se encuentra amparada por causas o circunstancias lícitas» y recuerda que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza y obliga a los países a resolver controversias por medios pacíficos. «No existe legítima defensa en el ilícito actuar por parte de la Federación de Rusia, como tampoco autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», zanja el Ministerio Público.

A pesar de la apertura de esta investigación, desde 2014 la justicia española está bastante encorsetada para perseguir este tipo de delitos. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de aquel año limitó las posibilidades de los tribunales españoles de aplicar la justicia universal. De hecho, la justicia nacional solo sería competente si los delitos cometidos durante la invasión fueran cometidos por un español o «por un extranjero que resida habitualmente en España» o que se encuentre en España. Ambas circunstancias –a priori- no parecen muy probables, aunque no imposibles.

Pero hay una tercera vía –que es en la que piensa Delgado- que podría 'activar' a los tribunales nacionales: «si la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento de la comisión del delito». Una posibilidad que la Fiscalía, lamentablemente, considera que se va a producir antes o después.