La Fiscalía libra al emérito pese a constatar numerosas irregularidades fiscales

La decisión de la Fiscalía de enterrar cualquier acusación contra Juan Carlos I abre la puerta a su regreso a España desde Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020. El abogado del exjefe del Estado, Javier Sánchez-Junco, no desveló este miércoles si tras estos archivos de las causas contra el emérito, éste va a regresar de manera inmediata a España. No obstante, el letrado anticipó que «trasladará personalmente en los próximos días» a Juan Carlos I los escritos que les exoneran de todo y que la «próxima semana», en su caso, comunicará las «decisiones» que pueda tomar el emérito en clara alusión a su vuelta a territorio nacional.

Los dos decretos de archivo fueron firmados por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y visados por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y se refieren a las tres líneas de investigación abiertas contra quien fuera jefe del Estado entre 1975 y 2014: las presuntas comisiones ilegales en las obras del AVE saudí; el uso de tarjetas de crédito opacas por parte de miembros de la Familia Real; y la existencia de una cuenta en Jersey supuestamente vinculada al investigado.

Sobre el primer asunto, los investigadores -explica el Ministerio Público- «no han podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna» entre el ingreso de 64.884.405 euros (100 millones de dólares) a una fundación administrada por don Juan Carlos y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna. Entiende Anticorrupción que se trataría, pues, de un «regalo» que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho dada la prescripción de los hechos.

El decreto de archivo referente al AVE a La Meca analiza también la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales por las operaciones financieras y societarias que realizó el emérito entre 2008 y 2012 tras recibir esa cantidad de 64,8 millones de euros. Pero la Fiscalía indica que los actos susceptibles de integrar alguna de las conductas descritas en el artículo 301 del Código Penal habrían cesado en 2012, fecha cubierta por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reconoce al Jefe del Estado.

La segunda investigación que la Fiscalía ha archivado es el uso por parte del exjefe del Estado de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Éste reconoció que entre 2016 y 2018 (con Juan Carlos I ya fuera del trono) le regaló cerca de un millón de euros. El emérito -explica Anticorrupción- anduvo cerca de poder ser cazado por un delito fiscal pero sorteó esta posibilidad al pagar al fisco 678.393 euros en una regularización fiscal en diciembre de 2020, antes de saber que estaba siendo investigado, según sostiene Anticorrupción.

El tercero de los casos archivados es el referido a los fondos encontrados en un trust -contrato con el que se transfiere el título de una propiedad a un tercero- constituido en Jersey en 2004 por Joaquín Romero Maura. La resolución de la Fiscalía explica que ese trust, denominado The JRM 2004, nació de la fusión de otros dos creados en 1995 y 1997 por Manuel de Prado y Colón de Carvajal, ya fallecido y persona de absoluta confianza del emérito. Anticorrupcíón admite que esos trusts originales, que tuvieron unos «fondos iniciales» de 14.923.604 euros, tenían como «finalidad apoyar al entonces Rey Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a éste (al emérito) como único beneficiario».

Sin embargo –señala la providencia- el anterior jefe del Estado «liquidó» esos trusts primigenios en 2004 y «traspasó» sus fondos a Joaquín Romero Maura. Y –argumenta la Fiscalía- a partir de entonces se desligó totalmente de ese dinero, hasta el punto de que «nunca tuvo la condición de beneficiario, como tampoco la tuvo ninguna persona de su entorno».

«Entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos», apunta el Ministerio Público, que reitera que «en ningún momento (el anterior jefe del Estado) ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas».

En cualquier caso, la Fiscalía recuerda que a partir del 19 de junio de 2014, fecha en la que se hizo efectiva la abdicación de Juan Carlos I y quedó sin efecto la «inviolabilidad e irresponsabilidad», los movimientos del trust JRM 2004 han sido tan menores «que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español (el emérito), algo de lo que no existe constancia alguna».