Correa atribuye a Costa la facturación irregular del PP valenciano

"El PP tuvo la iniciativa: 'Si queréis cobrar tenéis que hacerlo de estos empresarios'. Imagino que a ellos también les dirían que si no lo hacían así tendrían menos adjudicaciones de obra", ha dicho Correa durante su declaración como acusado en el juicio a la trama valenciana de 'Gürtel' que desde ayer celebra la Audiencia Nacional y en el que está acusada la excúpula del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV).

A preguntas del representante de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, Correa apuntó directamente a Ricardo Costa, acusado que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión, como la persona que dio la orden a su 'número dos', Pablo Crespo, de facturar a otros empresarios servicios que la filial de 'Gürtel' en Valencia, Orange Market, habían prestado al PP.

"Ese trabajo por el que hemos emitido esas facturas no era para ellos (los empresarios) sino para el Partido Popular. Como ellos no nos pagaban nos dijeron: 'facturádselo a estos empresarios'", ha explicado Correa. "Sabía que para cobrar teníamos que facturar a los empresarios que se han sentado aquí", ha añadido en referencia a los nueve acusados que han confesado que sufragaron de forma irregular parte de los actos electorales de los 'populares' valencianos.

Por otra parte, el líder de la 'Gürtel', que se enfrenta a 24 años y medio de prisión, ha asegurado que no conoce "absolutamente a nadie del PP de Valencia" y que eran los acusados Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'el Bigotes', los que llevaban el "día a día". No obstante, con un tono un poco elevado, ha añadido que todos sus trabajadores y sus empresas "han hecho un trabajo honrado" y si emitieron facturas falsas "para poder cobrar por trabajos realizados" era porque el PP "no les pagaban”.

Los nueve empresarios acusados de financiar de forma irregular al PPCV han admitido los hechos de forma previa. El principio de acuerdo ratificado con la Fiscalía Anticorrupción supone que los constructores, que de forma inicial se enfrentaban a penas de entre cuatro y seis años de cárcel por delitos electorales (campañas de 2007 y 2008) y falsedad documental, evitarán la prisión al quedarse las penas por debajo de los dos años. Asimismo, las multas se rebajarían también y por cada delito electoral serían 4.500 euros y por la falsedad, 15.000 euros.

Estos constructores, cuyas empresas han recibido adjudicaciones de la Administración valenciana, son: Gabriel Alberto Batalla (Lubasa Desarrollos Inmobiliarios), Enrique Gimeno (Facsa y Aguas de Castellón), Antonio y Alejandro Pons (Piaf), Tomás y Rafael Martínez Berna (Padelsa Infraestructuras, CHM Obras e Infraestructuras y Villalba), Enrique Ortiz (Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras), José Francisco Bevía (Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras), Vicente Cotino (Sedesa Inversiones y Sedesa Obras y Servicios) y José Enrique Fresquet (Padelsa Infraestructuras).

La fiscal anticorrupción, Miriam Segura, ha leído el preacuerdo con los acusados, que han admitido su culpabilidad, y después los empresarios se han acogido a su derecho a no contestar al resto de las partes. Posteriormente, han abandonado la sala y ya no deberán presentarse hasta que el juez José María Vázquez Honrrubia o la Fiscalía lo requieran.