Educación quita el límite de suspensos para poder pasar de curso

El pasado mes de abril, el Gobierno ya publicó una orden en el Boletín Oficial del Estado que permitía progresar de año escolar a los alumnos con más asignaturas suspendidas de lo que contempla la actual ley de Educación si así lo concedían los centros educativos.

En condiciones normales, la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) fija en tres suspensos en Secundaria y dos en Bachillerato los máximos para poder promocionar.

En su día, la ministra Isabel Celaá recalcó que en ningún caso se trataba de un aprobado general, porque los equipos de evaluación de profesores podían imponer al alumnado la necesidad de repetir el curso, aunque esto sería siempre «la excepción».

Los sindicatos se han mostrado divididos a la hora de dar su opinión sobre este Real Decreto-Ley aprobado ayer y publicado hoy en el BOE. Así, desde el sindicato STES consideran que esta medida es «enormemente polémica». Si bien entienden que puede haber «un consenso general» a la hora de admitir que con motivo de la pandemia se flexibilice los criterios que tienen que ver con la evaluación, la promoción y la obtención de títulos académicos, critica que el Ministerio haya dejado de nuevo en manos de las comunidades autónomas esta competencia, que corresponde al Ministerio. «Lo único que genera es una gran confusión normativa y una inseguridad jurídica enorme en un terreno tan sensible como es éste», aseguran.

Para el sindicato CSIF supone «una falta de respeto hacia los representantes de los docentes, obviando una vez más una negociación necesaria y pertinente». Y denuncia también que la norma tampoco ha recibido el aval del Consejo Escolar del Estado, como es preceptivo en las normas educativas. Asimismo, pide que se concrete el número de materias suspensas para pasar de curso, tal y como se ha venido estableciendo en todas y cada una de las leyes educativas y que no se deje a criterio de cada comunidad y centro, ya que esto «provocará más desigualdades».

También el sindicato ANPE está en desacuerdo con la nueva norma, ya que señala que no se puede dejar la responsabilidad de regular los criterios de promoción y titulación a las comunidades autónomas y de modificarlos a los centros. Así, considera que con esta norma «no solo se quiebra el principio de inseguridad jurídica, sino que también se vulneraría el principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación», pues esta decisión «agravaría la brecha ya existente entre las comunidades autónomas».

Por su parte, tanto UGT como CC OO consideran «razonable» la medida, ya que entiende que se ha aprobado dada la situación extraordinaria que se vive por la pandemia y porque no se puede garantizar la educación presencial en todos los niveles y etapas educativas.