La división se ahonda entre las fuerzas independentistas en vísperas del juicio

Todo está muy abierto y la contestación del secesionismo dependerá de la dureza de las condenas (si las hay), pero el jefe del Ejecutivo catalán sí que ha adelantado que tras el fallo acudirá al Parlamento catalán con una «propuesta» para ver si tiene la mayoría para dar una respuesta. Elecciones o declaración unilateral de independencia (DUI), ese puede ser el dilema. Torra lleva meses hablando de buscar un «moméntum» que vuelva a resucitar el proceso. La esperanza que tienen algunos sectores secesionistas es que la sentencia, si es dura, actúe como en su día hizo la resolución del Constitucional contra el Estatuto. De catapulta para que el secesionismo supere el umbral del 50% de los votos en unas elecciones que le permita activar de nuevo la vía rupturista.

Pero el juicio también es un riesgo para el soberanismo. Si las condenas no son todo lo severas que reclama la Fiscalía, muchos de los argumentos empleados por el independentismo caerán por su propio peso. Torra llama continuamente a la unidad desde la Presidencia de la Generalitat, aunque le va a costar armar una respuesta de consenso al fallo judicial. Y es que si algo marca las relaciones entre los diferentes sectores del independentismo es una profunda división, que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, como pesos pesados de cada uno de los dos polos en pugna, han aireado estos últimos días como si no estuvieran a las puertas de un juicio tan importante.

El expresidente, que teme que el juicio le reste protagonismo y se lo dé al líder de Esquerra, abrió fuego presentando un recurso de amparo contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, en el Constitucional. Junqueras replicó con que él se quedó en Cataluña tras el 27-O por «responsabilidad ética» (no como otros). En paralelo, JxCat insiste en la investidura de Puigdemont y recuerda que si hace un año no fue posible fue por la cobardía de los republicanos.

Esta división tiene mucho de personal y también es ideológica. Los republicanos apuestan por un proceso más a largo plazo, ampliando la base social, en tanto que los neoconvergentes siguen con prisa. Pero sobre todo es de poder, de lucha por la hegemonía del espacio independentista con la vista puesta en las próximas elecciones catalanas.

Esta fractura se puede acentuar durante las vistas porque los partidos ven en el proceso judicial una plataforma electoral. Los independentistas observan el juicio como una oportunidad, pero puede ser un problema. Por dos razones. El transcurso de la vista puede acabar convirtiéndose en una especie de sálvese quien pueda entre los acusados. Aseguran que hay un pacto de mínimos para no cargar las culpas entre unos y otros. Sin embargo, las diferentes estrategias jurídicas ya han dejado entrever discrepancias en las semanas previas al juicio.

Unos apuestan por una defensa política y otros se decantan por la técnica. Es significativo que no hayan sido capaces de pactar un portavoz de las defensas. O que, por ejemplo, el abogado de Joaquim Forn cargara las tintas contra Marta Rovira como responsable (por su fuga) de que los dirigentes del 'procés' sigan en prisión ya da pistas de que las estrategias no coinciden.

Corren además el riesgo de quedar en evidencia ante su parroquia. Todo lo que sea intentar rebajar el alcance de los hechos de octubre, por razones jurídicas y de defensa, como negar la DUI, será interpretado por los más puros como una renuncia. Convertir el juicio para saldar cuentas pendientes, entre Puigdemont y Junqueras, puede acabar de romper la alianza entre republicanos y neoconvergentes, que hasta la fecha han permanecido unidos solo por los presos y al juicio.

Con el agravante de que los partidos preparan sus maquinarias por si Torra pulsa el botón rojo electoral tras la sentencia. Hay elementos que pueden apuntar en este dirección. Como la salida de dos consejeros del Govern con destino al Ayuntamiento de Barcelona. Uno fue Ernest Maragall, de Esquerra, y la otra será Elsa Artadi. Fuentes independentistas reconocen un cierto aire de «desbandada» en una legislatura que arrancó con el objetivo imposible de hacer efectiva la república.