Las 17 propuestas de las comunidades para salir del confinamiento

La apertura de los bares y restaurantes se solicita para el día 25 de mayo con un método de reservas por turnos y horario tasado. Así, recomienda que para el desayuno se establezcan 30 minutos de estancia en el local, mientras que para las comidas principales sea de hora y media.

El Gobierno andaluz tiene especial interés en que se recupere la actividad turística, que supone un 13% del PIB andaluz. Por ello plantea la apertura de los hoteles para la primera quincena de junio. El presidente andaluz, Juanma Moreno, aboga por la apertura de algunas playas este verano para baño con aforo limitado y policías locales de vigilantes, aunque no se ha incluido en el documento.

En la propuesta se refleja otras fechas para el desconfinamiento: propone que los mayores puedan salir a pasear el 1 de mayo, que el día 3 puedan celebrarse misas con feligreses o que el día 18 se autoricen los funerales o ceremonias fúnebres sin velatorios.

Iniciar la desescalada con carácter prioritario en el mundo rural. Esa es la propuesta sobre la que trabaja el Gobierno de Javier Lambán. El eje para comenzar sería el de núcleos de población con menos de 5.000 habitantes en los que se levantaría el confinamiento limitando la movilidad al interior del núcleo. En una segunda fase se podría habilitar la circulación entre municipios libres de Covid-19 mientras que en la tercera fase podrían recuperar un «estado general de normalidad», con determinados límites en la hostelería. Los municipios que tengan entre 10.000 y 20.000 habitantes podrían levantar el confinamiento. La última fase reabriría la circulación entre localidades de 5.000 y 20.000 habitantes.

Asturias no ha llegado a sufrir el colapso de su sistema sanitario que sí se ha dado en otras comunidades. Está además entre los territorios en los que durante al menos dos semanas la tasa de contagios se encuentra más contenida aunque todavía no llega, por muy poco, a la tasa de incidencia considerada óptima. Su presidente, Adrián Barbón, ha reclamado «flexibilidad» a la hora de llevar a cabo el desconfinamiento, teniendo en cuenta «la situación de cada territorio». A las peticiones anteriores como que se autorizara atender los huertos, sumó la apertura de los mercados al aire libre, sobre todo los ligados al sector de la alimentación, y permitir la práctica de la pesca deportiva.

La presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, reivindica que la desescalada en Baleares no sea homogénea, sino que cada isla lo haga a una velocidad propia en función de sus cifras de contagios del coronavirus y su capacidad para contener la pandemia, además de su situación económica particular. Los parámetros que se evaluarán son el número de contagios, capacidad de las UCI y la capacidad para controlar la expansión del virus entre los contactos de una persona infectada, entre otros. Armengol reclama también poder establecer horarios para la salida a la calle de los diferentes colectivos a los que se vaya aliviando el confinamiento en los próximos días y semanas.

Canarias está preparada para acometer de forma «coordinada, asimétrica y gradual» su plan singularizado de desconfinamiento, que pasa por tratar de reactivar el turismo, un sector vital en todo el archipiélago, y la reapertura de puertos y aeropuertos. El Ejecutivo regional defiende que ya cumplen «con todos los parámetros sanitarios», por lo abogan porque La Gomera y El Hierro salgan antes del confinamiento y con medidas más flexibles. La intención de Canarias es recuperar la normalidad a partir del 18 de mayo, con la reapertura de al menos el 50% y la movilidad aérea entre islas, que se haría extensible en pocas semanas al turismo peninsular y extranjero, al que se se exigirá test negativos.

Cantabria es, a día de hoy, una de las comunidades que parten con ventaja hacia un esperado escenario de desescalada. Hasta el 30% de localidades, todas en comarcas rurales, están aún limpias de coronavirus. El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, anunció el pasado domingo que este territorio «no ha sufrido el colapso sanitario que sí han lamentado en otras zonas del país». En la práctica fue muy prosaico: «No hay ningún peligro en ir a hacer la huerta, pescar, hacer surf o coger setas»; pero de fondo trasluce su intención de echar a andar cuanto antes un sector, el turístico, que supone el grueso del PIB de este territorio. A medio plazo, Cantabria espera que en julio y agosto pueda estar ya funcionando.

El Gobierno de Emiliano García-Page va a estudiar la situación en cada una de las comarcas a la hora de programar la desescalada, en la que serán claves los estudios de seroprevalencia que se llevarán a cabo en las próximas semanas. Una fase en la que será «fundamental» la coordinación tanto interna como con las comunidades limítrofes: Madrid, Extremadura, Andalucía, Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. En este sentido, el Ejecutivo autonómico insistió en que una de las «preocupaciones» es la llegada en verano de visitantes a sus segundas residencias en los pueblos. En este aspecto, el Ejecutivo de García-Page destaca el papel que ha de jugar a partir de ahora la Atención Primaria.

El Gobierno regional cree que el proceso de desconfinamiento debe tener en cuenta la situación de las zonas básicas de salud y no quedarse únicamente en las provincias. «Es injusto penalizar al mundo rural por los casos en las grandes ciudades», reconoció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En Castilla y León, a día de hoy, esas zonas básicas por donde empezar la desescalada serían 24 de 247, el 9,7%, en ocho de ellas con más de 14 días libres de nuevos contagios. Entre las peticiones también está la de un fondo no reembolsable para sufragar los gastos extraordinarios derivados de la pandemia para no depender de créditos ni anticipos.

La Generalitat reclama que se le devuelvan las competencias para poner en marcha su propia hoja de ruta, que tiene cinco fases y no tiene un calendario concreto. La primera ya entró en vigor con la incorporación a sus puestos de trabajo no esenciales de las personas sanas. El segundo paso sería el desconfinamiento parcial controlado de sectores de población concretos, con especial atención a los menores y a los mayores de 65 años. En tercer lugar, se establecería la apertura progresiva de comercios no esenciales así como cafeterías, bares y restaurantes. Un cuarto paso sería la reanudación de escuelas y la quinta fase contempla la apertura de eventos culturales, sociales y deportivos de más de 30 personas.

En la Comunidad Valenciana el alivio de las restricciones podría llegar en diez días. El presidente Ximo Puig asegura que la región estará preparada en ese plazo, y que tendrá capacidad suficiente en atención primaria y en UCI. Se plantea un proceso asimétrico en función de cada departamento de salud debido a la diferencia de contagiados de unas zonas a otras. Es la apuesta del Ejecutivo valenciano pese a que el Gobierno se posiciona por ámbitos más grandes como las provincias. Con el virus empezando a remitir, Puig está por la unidad de acción en el país ante la desescalada aunque estableciendo normas comunes para las autonomías que después cada una desarrolle en base a su situación.

Iniciar la desescalada por áreas de salud en lugar de por provincias. Esa es la propuesta del Gobierno regional, que defiende que el tiempo que transcurra entre el desconfinamiento del primer y último territorio sea el menor posible y que se desarrolle bajo el mando único. Extremadura cree estar en condiciones de cumplir con los requisitos planteados para la desescalada por los planes de contingencia ya en marcha, que han incrementado las camas de UCI y las plantillas de salud y dependencia con 2.000 trabajadores, al tiempo que se insiste en que esos criterios sean objetivos, homogéneos y uniformes para todo el territorio, además de medibles y transparentes.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rechaza que la desescalada se haga por provincias, como plantea el Gobierno, y sugiere que en Galicia se pueda hacer por áreas sanitarias y que, dentro de estas, se distingan «microzonas» más localizadas. El Ejecutivo gallego reclama la apertura de los talleres de coches y de los concesionarios, incluso con cita previa, una medida que podría ampliarse a otros comercios. También pide que las empresas y autónomos puedan continuar con las rehabilitaciones en edificios habitados, así como que reabran los mercados de alimentación al aire libre. Propone además poder practicar deportes y actividades físicas de forma individual y sin comprometer el contacto.

Atender las pautas del Gobierno para «garantizar la seguridad de los ciudadanos». La presidenta regional, Concha Andreu, defiende que «hay que tener mucha precaución y no yendo cada uno por nuestra cuenta sino todos coordinados, lo que no quiere decir que todos hagamos lo mismo, ni mucho menos, porque hay particularidades en cada comunidad». La obligación, según Andreu, de cada autonomía es «preparar su situación económica para que cuando la desescalada se haga, poder trabajar a la vez». El Ejecutivo de La Rioja considera igual de importante la desescalada sanitaria porque «tenemos que tener claro que los indicadores van a ser iguales para todas las comunidades».

Madrid trabaja en un plan para suavizar las actuales medidas de confinamiento, un escenario en el que aconseja el uso del coche privado, las mamparas en los bares, establecer turnos de recreo en los colegios y horarios escalonados para evitar conglomeraciones en horas punta. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aboga además por la apertura inmediata del pequeño comercio y por dejar practicar ejercicio físico individual como «pasear o correr». En relación con la apertura de piscinas, en el momento actual, «se está valorando medidas de prevención y de limpieza y desinfección», y las grandes concentraciones como conciertos, festejos o actividades deportivas deberán dejarse para la última fase.

El Gobierno de la Región de Murcia dispone de «un borrador» con un plan propio para la desescalada. Sin embargo, la Consejería de Salud ha evitado confrontar abiertamente con el Ministerio, a diferencia de otras comunidades. «Queremos escuchar lo que dice el ministro, que nos ponga el cronograma y nosotros lo que haremos será adaptarnos a lo que nos diga. Lo que sí vamos a decir es que nos preocupa mucho que se garantice que esto no sea una llamada para personas que residan en otras regiones todavía en cuarentena». Se teme en Murcia que ocurra lo mismo que al inicio del confinamiento, cuando llegaron numerosas personas de otras comunidades, principalmente de Madrid, a sus segundas residencias.

La Comunidad Foral gestionará la desescalada «asimétrica» del confinamiento por el coronavirus desde su propia realidad sanitaria y social, pero dentro del marco general definido por el Ministerio de Sanidad. El Gobierno de María Chivite, que considera necesario que haya «indicadores transparentes», prepara ya un plan de reactivación económico y social para el que quieren contar con «agentes sociales, políticos y económicos, y también con los agentes locales». En esa nueva fase las pruebas de detección de la Covid-19 son una pieza clave y el Ejecutivo regional tiene la intención de extenderlas a toda la población que tenga síntomas y a quien los hayan pasado, además de a todas las residencias de ancianos.

El Gobierno vasco quiere pilotar su plan de desescalada y así se lo ha hecho llegar el lehendakari a Pedro Sánchez. Entre otras medidas, el Ejecutivo vasco prevé ya la apertura de las aulas desde la segunda mitad de mayo para último curso de la ESO y Bachillerato. Asimismo, a partir de la misma fecha quiere que los pequeños comercios abran sus puertas con unas restricciones parecidas a las que ahora hay en los supermercados, es decir, con aforos muy limitados y con los clientes distancias y medidas de higiene. También quiere reactivar el sector cultural, tan sacudido por los efectos de la Covid-19. Así, para la segunda quincena de mayo prevé la apertura de teatros y museos con limitación de aforo.