¿Cuánto cuesta ser juez?

Cada semana se desplazaba a la capital de provincia para dar clase con la magistrada, Una vez cada siete días. En cada sesión recitaba dos de los 329 temas que deben aprenderse los opositores. En casa estudiaba los dos siguientes, y así jornada tras jornada. «Es peor que un trabajo, porque pasas muchas horas encerrado, dando vueltas a todos los temas». Pasó cuatro años con la magistrada sin ganar la plaza. Es lo habitual, pocos lo logran antes de ese tiempo. Pagaba 150 euros por clase, unos 600 al mes. El quinto año cambió de preparador. «Fue por mediación de una novia, que tenía una compañera de trabajo casada con un fiscal que también preparaba», cuenta la madre, que era quien desembolsaba las mensualidades. Probó suerte. Convertirse en fiscal podía ser un buen premio de consolación en caso de pasar el corte muy justo. Cobraba diez euros más, 160. Fuentes del Poder Judicial confirman que las tarifas de los preparadores no son estándar y empiezan por unos 300 euros al mes, dependiendo del número de clases semanales. «Unos cobran más, otros menos, pero nadie lo hace por cien euros», aclara.

Los exámenes para los opositores comienzan con una criba inicial, un test escrito de cien preguntas. A esta fase se presentan unos 4.000 aspirantes, y la superan alrededor de mil (1.100 en 2024 y 850 en 2023, según datos del Consejo General del Poder Judicial). Superado el primer escollo, se pasa a la prueba memorística que se hace delante de un jurado en la sede del Tribunal Supremo, en Madrid. Allí se deben «cantar» cinco temas, elegidos al azar sacando una bola de una bolsa donde hay otras dos. Son cinco bolsas. Para cada tema, el postulante dispone de doce minutos. No puede terminar antes, porque se entendería que falta contenido, ni demorarse, porque le detendrían sus juzgadores y le invitarían a irse. También si balbucea, duda o se enreda. No hay dos oportunidades. Para enmendar los errores debe esperar a la siguiente convocatoria. En la última década ha habido diez, una por año.

Si el aspirante a juez pasa el primer temario, sigue con el siguiente. Así durante una hora y quince minutos, a menos que le frenen y retiren de la sala. Si aprueba este examen, pasado un tiempo, viene otro similar con otros temas. Con dedicación exclusiva al estudio, de no menos de ocho horas al día, los opositores tardan una media de cuatro años en aprobar, según coinciden varias fuentes. «Hay compañeros que sacaron la oposición en un año, pero es lo excepcional, como los que se demoraron quince. No quiero llevar a engaño a ningún opositor», asegura Sergio Oliva, magistrado en Santa Cruz de Tenerife y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Si el candidato supera estas fases, ingresa en la Escuela Judicial, donde «normalmente todo el mundo aprueba», dice Edmundo Rodríguez Achutegui, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia y portavoz de Jueces para la Democracia. Cualquier español licenciado en Derecho puede presentarse a las pruebas.

Sin embargo, y sin restar mérito a los opositores, la clave de esta lid contra el millar de aprobados por un par de cientos de plazas (las vacantes varían por año) parece estar en los preparadores. «Hay muy poca gente que se presente sin preparador. La mayoría utiliza este servicio porque es la forma de mantener una jornada de estudio regular», sostiene Rodríguez Achutegui. «Los preparadores son jueces o fiscales que les indican cómo mejorar, cuál es el ritmo de estudio que tienen que mantener; les apoyan psicológicamente cuando tienen bajones y les animan».

Entre 1996 y 2002, el magistrado Luis Ortiz Vigil se presentó a las pruebas de juez. «Fue el tiempo que me llevó a mí preparar la oposición. Es una experiencia muy intensa porque (la parte oral) se realiza en el Tribunal Supremo y es particularmente importante. Obliga al alumno a soportar una situación de estrés fortísima, muy difícil de superar emocionalmente». Desde hace «bastantes años» tiene permiso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dedicar algunas horas de su jornada laboral a preparar a opositores. La institución considera que el trabajo de juez es compatible con el docente. Esta autorización es obligatoria e individual y se renueva cada año. No hay datos consolidados del número total de jueces que la tienen.

«La dinámica de trabajo es que ellos vayan reteniendo los temas que integran el temario y hacemos ensayos de cómo harían la exposición oral en el examen», indica este magistrado de la Audiencia Provincial de Gijón. Dos veces por semana, él propone los temas; ellos los estudian. Una «forma de trabajar que se prolonga durante años», dice Ortiz Vigil, quien considera que la parte más difícil es mantener el nivel de estudios. «Les enseño a utilizar un lenguaje adecuado, a construir buenas frases, ejercer momentos de respiración, exponer los temas con claridad positiva y gestionar los tiempos. Todo lo que yo viví como alumno».

Para los jueces, «que no son los mejor retribuidos», estas clases suponen un sobresueldo que depende del número de alumnos. Hay quienes preparan a dos, otros a veinte. Al calcular los opositores anuales y las tarifas medias (300 euros al mes, aunque en el caso de A. eran 600), esta actividad mueven no menos de 15 millones de euros anuales. «Una fuente de ingresos muy relevante» para jueces y fiscales, considera Rodríguez Achutegui.

Esta dedicación exclusiva y la necesidad de pagar a un preparador es una de las debilidades de este sistema de selección, un freno para aquellos que carecen de recursos para pasar varios años persiguiendo su sueño judicial. «Durante todo ese tiempo no aporta nada a su casa ni a su familia, que además de sostenerle debe pagar al preparador», indica Rodríguez Achutegui. «Si no tienes ingresos, no puedes presentarte». Según datos oficiales, el 97% de los opositores depende de la financiación familiar.

En el caso de A., durante los diez años que dedicó a la oposición -los últimos con la misma magistrada que le preparaba al inicio-, su madre le mantuvo dentro de la protección del hogar, con pocos gastos, aparte de los emolumentos de su preparador. «Mi hijo no gasta en ropa, no gasta en nada. ¿Qué me cuesta? El tabaco que fuma y la magistrada que pago. Nada más. Come en casa, y sale si algún día le doy dinero para salir. En nuestro caso no necesitamos que vaya a buscarse la vida», dice la mujer.

En la reforma del Poder Judicial, que afecta al acceso de plazas de jueces y que solivianta a una parte del estamento tribunalicio, se propone el blindaje de un sistema de becas que hasta ahora han sido intermitentes y la obligación de que el Centro de Estudios Jurídicos imparta la preparación a jueces, como hace ahora con los fiscales o forenses. También la rebaja de importancia de la prueba de memoria para introducir otra de «razonamiento» y la grabación de las pruebas orales para mejorar la transparencia y sostener reclamaciones.

Conocida por los detractores como 'ley Bolaños', la reforma incluye un «proceso extraordinario» para hacer fijos a más de mil jueces y fiscales sustitutos, según el Ministerio de Justicia. En realidad, multiplica por 250 la entrada del «cuarto turno», los que acceden por concurso a una de las cuatro plazas de juez anual para los que ya trabajan en el sector. También convocará otras 1.500 plazas en tres años, más del doble habitual; dotará a las becas de un monto similar al sueldo mínimo durante cuatro años, y prohibirá la «financiación privada» de las asociaciones judiciales.

«La reforma afectará al ciudadano de a pie, porque la justicia, tal y como está ahora, garantiza que los jueces y los fiscales pasan por un proceso selectivo muy exigente, que acredita la excelencia de esos profesionales y si se aprueba será un coladero peligroso», advierte Oliva, portavoz de la asociación conservadora de jueces. En su caso, tardó cinco años, ocho meses y trece días en aprobar la oposición. «Me presenté cuatro veces. Fue bastante duro», rememora.

¿El judicial es un sector que promueve la endogamia? Los entrevistados lo niegan y apelan a las cifras del CGPJ. La cuarta parte de los integrantes de las más recientes promociones tiene familiares que ejercen o han ejercido una profesión jurídica, desde secretarios y abogados hasta fiscales o notarios. De ellos el 5% aproximadamente es familia directa de un juez. Por ejemplo, los discípulos actuales de Ortiz Vigil son hijos de pescadero, charcutera, fontanero y minero prejubilado. «Hay todo tipo de perfiles», dicen. Se reconoce, sí, cierto elitismo al excluir a aquellos que no pueden pasar de los 30 años estudiando sin trabajar.

Para los aprobados, ganar una plaza de juez significa «un auténtico ascensor social, que les cambia la vida al trabajar en un puesto muy importante con una seguridad económica para siempre», mantiene Rodríguez Achutegui, de la asociación progresista de jueces. ¿Y si no se aprueba? «Hay que volver a empezar», mantiene la madre del opositor. «Lloras un poco, te cagas en todo y la vida continúa, aunque ahora estamos en un duelo porque abandonó la oposición. Mi hijo se sabe el Código Civil y el Código Penal de memoria, y en la privada lo podrá rentabilizar».

La decisión de A. de dejar las oposiciones es la más difícil, según Oliva, que es hijo de maestro y oficial de juzgado. «Desertar es muy complicado y, después de tanto sacrificio, es un salto al vacío, porque en realidad no tienes nada seguro en tu vida profesional, simplemente has sido opositor». Así se hace un juez en España.